Sector privado debe tener un rol protagónico en inversión que hace el país en I+D

Uno de los principales compromisos que asumió este gobierno fue generar las condiciones necesarias para que Chile volviera a crecer y alcanzar el desarrollo a fines de esta década. Hemos dado importantes pasos -principalmente reactivando la economía y potenciando el crecimiento. Hoy podemos sumar a estos avances la entrada en vigencia de la nueva Ley de Incentivo Tributario I+D (Investigación y Desarrollo), que anunciamos en marzo de este año junto al presidente Sebastián Piñera. Con ella buscamos incentivar y reactivar la inversión de las empresas en actividades de esta naturaleza, a través de un instrumento más simple y flexible que cambiará radicalmente la inversión que realiza nuestro país en esta materia.

Esta ley permite que 35% de la inversión realizada por una empresa en I+D, se descuente de su impuesto de primera categoría. El 65% restante se considerará gasto de la empresa, independiente de su giro. Por tanto, si sumamos el beneficio directo e indirecto, el Estado financiará más de 46% de la inversión. Esto significa una sociedad entre el Estado de Chile, los chilenos, el mundo privado y la ciencia.

Para contextualizar el escenario actual, Chile invierte en I+D sólo 0,5% del PIB, mientras el resto de las naciones de la OCDE destina el 2,4% del PIB, existiendo casos como Israel, cuya inversión supera el 5,0%. Por otra parte, el aporte del sector privado es sustancialmente menor que el de los países desarrollados, 40% versus 65%. Según cifras de la OCDE, en Chile sólo 8% de las empresas innova en productos o servicios a partir de conocimientos adquiridos por I+D, mientras que países como Nueva Zelanda y el Reino Unido, es 36% y sobre 75%, respectivamente.

En consecuencia, claramente el sector privado debe tener un rol protagónico en la inversión que hace el país y aumentar considerablemente su participación. Cuando una empresa invierte más en I+D, crecen sus ventas, incrementa su productividad y su valor de mercado. Por eso es reconocida como la mejor herramienta para mantenerse en mercados cada vez más exigentes, donde agregar valor a lo que se hace puede marcar la diferencia entre permanecer o morir.

Con esta nueva ley de incentivo, entre varios otros puntos, se flexibilizará la forma de invertir en I+D, permitiendo la modalidad tanto intramuros por extramuros, es decir, a los proyectos que se realizaban con centros inscritos en Corfo, se suman los que se ejecutan dentro de la empresa. También se elimina el tope de ingreso bruto anual, y se aumenta el máximo a 15.000 UTM. Antes no podía ser superior al 15%, ni equivalente a 5.000 UTM 
(US$ 390 mil).

Se incorpora la posibilidad de reconocer gastos efectuados a partir de la fecha de inicio del proyecto, independientemente de la fecha de su Certificación por Corfo, y además, por primera vez, se consideran los gastos de propiedad intelectual.

Para la inscripción en el Registro de Centros de I+D de Corfo, desde ahora sólo se exige haber realizado actividades de Investigación y Desarrollo durante seis meses (antes eran dos años), y no necesariamente tiene que ser su principal actividad, como se requería sin los cambios de la ley.

Es de suma importancia destacar que el gran salto al desarrollo de Chile lo vamos a dar en la medida que unamos al mundo de la investigación, la ciencia, las universidades, con las compañías, el emprendimiento y la innovación.

Es por esto que el gobierno ha establecido 2013 como el año de la innovación. Junto a más de veinte ministerios y servicios, hemos trabajado una completa agenda de proyectos y actividades en torno a tres ejes: un Estado pro-emprendimiento e innovación; una cartera relevante de proyectos públicos y privados emblemáticos; y un cambio cultural hacia los valores de la creatividad, el trabajo duro y la visión global.

Queremos marcar un antes y un después, para que nuestro país pueda convertirse en un polo de innovación y emprendimiento dentro de la región y ser el primero de Latinoamérica que alcance el desarrollo. Esperamos que todos los sectores productivos se acojan a esta ley, para que en Chile podamos hacer un cambio significativo en materia de inversión en I+D.