Royalty y el desafío de la palabra empeñada

Fernanda García G.

El royalty a la minería es finalmente ley de la República. Toca ahora al Gobierno hacerse cargo del compromiso que asumieron el ministro Marcel y la Comisión de Hacienda del Senado, de diseñar y ejecutar un contundente plan de fomento para la reactivación de la minería en Chile. El imperativo no es solamente una cuestión de cumplir la palabra empeñada, sino, sobre todo, un requisito para la eficacia misma del royalty.

Así, para intentar recaudar los 1.450 millones de dólares que propone el proyecto, antes es indispensable que exista una mayor producción minera (al menos entre un 20-25% de lo que se espera recaudar debiese venir del aumento de producción). Se necesitan mayores ingresos sobre los cuales efectuar la recaudación esperada. Y aquello requiere de un fomento real de innovación e inversión en un sector que desde el gobierno del Presidente Lagos en adelante ha visto aumentar su carga impositiva de manera sistemática.

“Se necesita que el Gobierno respete el compromiso de reactivar la inversión en minería, recaudar lo prometido, y -con trazabilidad, transparencia y responsabilidad fiscal-, destinar los US$ 450 millones prometidos al desarrollo regional”.

La envergadura del aumento de la carga impositiva a la minería queda de manifiesto tras tres royalties sucesivos, impuestos a las patentes y otros gravámenes, sobre todo si se contrasta con el aporte de la industria minera a la economía local, y que se traduce, por ejemplo, en un aporte que representa el 15% del producto en el crecimiento del país, y más del 50% de los ingresos que se perciben por concepto de inversión extranjera.

Por otra parte, se hace necesario revertir en esta oportunidad la bochornosa experiencia que en materia de cumplimiento de desarrollo social e innovación dejó el primer royalty minero, que supuestamente sería destinado de manera importante a inversión en innovación técnica y gastos social. Cabe recordar que hacia 2015, transcurrida una década desde su creación, el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que se suponía iba a ser financiado con ese tributo, alcanzaba un presupuesto de sólo US$ 200 millones, frente a un total de US$ 6.639 millones recaudados por el impuesto en ese mismo período.

Entonces, se necesita que el Gobierno asuma la palabra empeñada para reactivar la inversión en minería, recaudar lo prometido, y en el caso de la finalidad social del proyecto presente, lograr en efecto, con trazabilidad, transparencia y responsabilidad fiscal, destinar los US$ 450 millones comprometidos hoy al desarrollo regional (prioritariamente regiones mineras), con cargo a la recaudación total esperada.

Este compromiso depende de la voluntad del Gobierno de colaborar con el sector minero para el diseño de políticas de fomento de inversión e innovación de carácter técnico. Pero también exige, si ha de ser cumplido de buena fe, de la eficacia estatal, y de la coherencia del Gobierno en materia de dar estabilidad institucional a Chile de cara al proceso constituyente en curso.

Asimismo, respecto de otros proyectos que generan incertidumbre entre los inversionistas, se debieran evaluar nuevas iniciativas en materia de impuestos verdes, impuestos correctivos, reformas laborales, y reconsiderar el enfoque estatista con el que se han abordado otros aspectos de la minería en Chile, como ocurre en el caso del litio y del hidrógeno verde. Cumplir la palabra empeñada requiere seriedad, y por lo visto aquí, de bastante audacia.