Responsabilidad fiscal, ¿flor de un día?

CECILIA CIFUENTES

Cada vez que el Gobierno es criticado por su manejo económico, la primera respuesta que surge es que, contrario a lo que se especulaba, se ha recuperado la responsabilidad fiscal, que se había perdido totalmente en el gobierno anterior (se omite que la fuerte expansión fiscal de 2020 de 2021 respondió a las presiones y al populismo parlamentario de los que hoy gobiernan).

Es cierto, el año pasado el gasto fiscal cayó un inédito 23% real, pero luego de que en 2021 había crecido un 33% real. La caída se explica casi totalmente por el fin del IFE universal, y el principal mérito del Ejecutivo es no haber cedido a mantener o a disminuir gradualmente esta política.

“El Ejecutivo aumenta fuertemente el gasto público para financiar la PGU y además gasta el Fondo de Reserva de Pensiones para mejorarlas aún más, dejando a los gobiernos siguientes la tarea de recuperar el ahorro público y privado”.

Sin embargo, esa austeridad no se ha mantenido durante el año en curso. Entre enero y mayo el gasto fiscal aumentó casi un 8% real respecto a igual período de 2022, explicado muy mayoritariamente por las prestaciones previsionales, es decir, la PGU. En ese período se han entregado US$ 3.000 millones por el pago de este beneficio, cifra que casi duplica a lo gastado durante todo 2018 en el pilar solidario. Sin duda, recursos a la vena en materia de transferencias sociales, pero que para la ministra del Trabajo parecer ser inexistentes, dada su insistencia en que los jubilados no pueden seguir esperando.

No cuestiono la PGU, de hecho, es una buena política pública, que ha entregado recursos a un grupo que difícilmente los puede obtener por medio de su esfuerzo laboral. Lo que sí parece cuestionable es que el país siga favoreciendo a los jubilados a costa de desahorrar e hipotecar la sostenibilidad fiscal y previsional.

Aunque el Gobierno ha mostrado un cierto grado de apertura para introducir modificaciones a su propuesta previsional, ha reiterado que cualquier propuesta que se haga debe tener como requisito fundamental subir las pensiones actuales. Pero ¿de dónde saldrán los recursos para esa mejoría? ¿De las cotizaciones? No es así, porque sería totalmente insuficiente para que los jubilados perciban una mejoría. Esto porque, si bien hay consenso en subir la tasa de cotización en seis puntos, también lo hay respecto a hacerlo muy gradualmente.

Entonces, supongamos que el primer año se sube en medio punto producto de la debilidad del mercado laboral, pero que la mitad va a capitalización, la cuarta parte a transferencias intrageneracionales, y el resto a mejorar las actuales pensiones, ¿de cuántos recursos estamos hablando? Se trata de US$ 120 millones, que divididos por los actuales beneficiarios del pilar solidario significan un aumento de $ 3.500 en la pensión.

¿Quedarían contentos con eso los jubilados que marcharon con la diputada Karol Cariola en días pasados? Seguramente no. En todo caso, la reforma tiene previsto este problema, y lo “resuelve” gastando los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), mientras la tasa de cotización no llega a 16%.

En suma, desde el punto de vista macro, el Gobierno no sólo aumenta fuertemente el gasto público para financiar la PGU, sino que además gasta el FRP para mejorar aún más las pensiones, dejando a los gobiernos siguientes la tarea de recuperar el ahorro público y privado. Se deja de lado que el año pasado Chile tuvo la tasa de ahorro nacional más baja desde 1986, y más baja también que el promedio de los países de América Latina y de África. Hace algo más de una década nuestra tasa de ahorro superaba a la de Europa emergente, hoy estamos muy por debajo de ese grupo de países.

No cabe duda de que necesitamos bastante más responsabilidad fiscal de la que está mostrando el Gobierno. Si el discurso de su disciplina es su principal activo, estamos en serios problemas.