¿Responsabilidad fiscal en riesgo?

Marcela Ruiz-Tagle O.

No cabe duda de que el rechazo al proyecto de reforma tributaria es un fuerte revés para el Gobierno. No podrá cumplir con las expectativas ciudadanas en el corto plazo, al no contar con los ingresos para financiar de forma sostenible el mayor gasto permanente anunciado en pensiones, salud, educación y otros.

De igual forma, evidencia el riesgo que existe para el proceso de descentralización, que depende de los recursos previstos en el royalty minero. Ambos eventos tienen como contrapartida tensionar la regla dual de balance estructural y deuda prudencial.

“No cumplir con la trayectoria de ajuste fiscal podría afectar las expectativas de los inversionistas extranjeros y clasificadoras de riesgo”.

Uno de los éxitos que se le reconoce al ministro de Hacienda es haber dado inicio al necesario proceso de convergencia fiscal en el período 2022-2027, logrando en su primer año un superávit estructural inesperado. Sin embargo, esto debe ser visto con cautela, ya que la trayectoria de ajuste prevista considera un escenario negativo en 2023-2024 y la concentración del esfuerzo fiscal hacia fines del horizonte de evaluación, cuando los ingresos esperados de la reforma tributaria estuvieran en régimen. No cumplir con esta trayectoria de ajuste podría afectar las expectativas de los inversionistas extranjeros y clasificadoras de riesgo, con las respectivas consecuencias económicas que ello significa.

Una paradoja, si se consideran los esfuerzos desplegados en este ámbito, los que se complementan con el proyecto de ley –hoy en el Senado- que incorpora mejoras al marco de la responsabilidad fiscal y que promueve su sostenibilidad, robustece los fondos soberanos existentes y crea un fondo de desastres naturales (FODEN), el cual se enmarca en una estrategia integral de manejo de riesgos catastróficos estructurada por el Ministerio de Hacienda y que refleja la necesidad de resguardar recursos para afrontar gastos emergentes por este tipo de eventos, cada vez más significativos, dada la estrechez fiscal prevaleciente.

Lo anterior ha resultado evidente al constatar los recursos públicos asignados para enfrentar el denominado plan de emergencia habitacional y el horizonte de tiempo previsto para su solución, que en la práctica replica la forma en que se han enfrentado catástrofes como inundaciones, terremotos, tsunamis o incendios en las regiones de Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío o la Araucanía. Si bien el Estado asume su responsabilidad reasignando recursos, estos son entregados de manera parcelada en función de la capacidad de gestión y coordinación por parte de los ministerios sectoriales y autoridades locales involucradas, proceso que puede demorar décadas.

Las catátrofes nos recuerdan no sólo la fragilidad de nuestras cuentas fiscales y la necesidad de que el país cuente con una mayor recaudación tributaria. También evidencian la necesidad de contar con un Estado moderno que pueda efectuar una mejor gestión de los recursos que la que ha desempeñado hasta ahora, y de un entorno regulatorio que permita al sector privado reponerse con rápidez ante eventos inesperados. Estos elementos pueden ser pragmáticamente consensuados, evitando arriesgar aquello que el ministro Marcel se ha preocupado desde sus inicios de cuidar.