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Alto contrasteResponsabilidad fiscal 2022: La Moneda no es el Congreso
Macarena Letelier Velasco, directora ejecutiva CAM Santiago
Existe consenso de que en los últimos 30 años Chile se ha ocupado de cuidar la responsabilidad fiscal en el manejo sus finanzas públicas, ya sea en los hechos, o construyendo un marco normativo expreso que la promueve, como ocurrió con la publicación de la Ley 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal. Entre los criterios para reconocer este comportamiento está no comprometer gastos permanentes sin contar con ingresos permanentes para sustentarlos, respetar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y la transparencia en la rendición de cuentas antes y durante los ejercicios presupuestarios, entre otros.
Sin perjuicio de que no contaban con la normativa especial, los presidentes Aylwin y Frei fueron responsables en materia financiera. Luego, el Presidente Lagos estableció la regla del balance estructural y durante su mandato inició la tramitación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hasta hoy resguarda la sostenibilidad de la política fiscal en el tiempo, más allá de las fluctuaciones cíclicas de la economía. A la Presidenta Bachelet le correspondió promulgarla. Chile en esos años (2009) era el país con mejor desempeño fiscal de la OCDE, con la deuda pública más baja.
Más tarde, el Presidente Piñera en su primer mandato encargó a un comité asesor desarrollar propuestas de perfeccionamiento a la metodología de cálculo del balance estructural y a su arquitectura institucional y, en septiembre pasado ingresó un proyecto de ley (boletín 14615-05) que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entre sus objetivos está brindar un mayor sistema de control y seguimiento de la regla fiscal. Esta iniciativa se encuentra en segundo tramite constitucional, siendo aprobada por una gran mayoría de parlamentarios -sólo cuatro votos en contra, Florcita Alarcón y Pamela Jiles, entre ellos- y por la totalidad de los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
2022 será testigo de cómo seguirá comportándose este acuerdo político y social en materia de responsabilidad fiscal en el próximo gobierno. No sólo vemos la necesidad de avanzar y aprobar el proyecto mencionado, sino de observar el cambio de roles de quienes se encontraban en el Congreso –en primer lugar, el presidente electo Gabriel Boric-, quienes desde marzo serán responsables del manejo fiscal desde la vereda del frente, en el Ejecutivo. El actual oficialismo estará en la oposición y deberá respetar las normas que a ellos les empecen, como la iniciativa exclusiva.
Es de suma importancia la responsabilidad fiscal de quien gobierna, de lo contrario, se impacta a las personas, ya sea con un menor crecimiento, una mayor inflación, mayor desempleo, necesidad de financiamiento externo, y menor espacio para el desarrollo de políticas sociales estables a mediano y largo plazo.
Lamentablemente, los últimos dos años fuimos testigos del quebrantamiento de reglas desde el Congreso, incluso de rango constitucional, como la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en ciertas materias.
