El desarrollo experimentado por nuestro sistema financiero en los últimos años se ha traducido en crecientes niveles de inclusión financiera, que han facilitado el progresivo acceso a crédito de un gran número de hogares y empresas chilenas.
Sin embargo, para lograr un adecuado funcionamiento del sistema de crédito, introducir mayor competencia en esta industria y facilitar el acceso a crédito en mejores condiciones a millones de chilenos, resulta necesario modificar radicalmente el sistema de información crediticia chileno.
En esta línea, nuestro país ha recibido sendas recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y más recientemente de la OCDE, que apuntan explícitamente sus dardos a factores como la baja cobertura de nuestro sistema de información comercial la ausencia de intercambio de información sobre deuda vigente de los principales oferentes de crédito; la inexistencia de garantías en cuanto a la calidad de la información; la precariedad de los derechos de titulares de datos y a la insuficiencia de regulación y fiscalización.
Dados los actuales niveles de acceso a crédito que presenta nuestro país, hacerse cargo de esta tarea pendiente resulta cada vez más imperioso y urgente.
Durante los últimos años, se han presentado diversas iniciativas legislativas que han intentado abordar estas problemáticas, pero cuya tramitación en el Congreso no ha prosperado. Asimismo, se han presentado y aprobado diversas mociones parlamentarias que han buscan paliar las deficiencias del sistema vigente y evitar malas prácticas en el uso de dicha información, las cuales han contribuido a mejorar la protección de las personas, pero por su limitado alcance, no han logrado abordar el problema de raíz.
Sin duda estamos ante un tema de preocupación transversal, lo que avala la oportunidad y sentido de urgencia de avanzar en una reforma estructural al sistema de información crediticia existente en Chile, como la que plantea el proyecto de ley presentado por este Gobierno y que ha logrado avances sustanciales en su tramitación legislativa.
Tras casi un año de revisión
exhaustiva en la Comisión de Economía y luego en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se logró el consenso en los aspectos medulares de este proyecto de ley, como la conveniencia de crear un sistema de deuda consolidada, la necesidad de incorporar información sobre deuda al día al sistema, de incorporar mayor cantidad de aportantes de información crediticia y de reforzar los derechos de los titulares sobre sus datos. Corresponde ahora a la Comisión de Hacienda conocer esta iniciativa, por lo que confiamos que esta instancia se pueda abocar a esta tarea con la prioridad que amerita una reforma necesaria como la que se plantea.
Esta iniciativa, que crea un sistema de información crediticia consolidado de amplio alcance, permitirá mejorar la calidad y cobertura de la información disponible para evaluación y gestión de riesgo por parte de los oferentes de crédito, incorporar una regulación y fiscalización centralizada de los actores del sistema y resguardar adecuadamente los derechos de las personas en el tratamiento de sus datos de obligaciones económicas. Todo esto, en línea con las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.
El nuevo sistema de información comercial facilitará y mejorará las condiciones de acceso al crédito para millones de personas y empresas, potenciará la movilidad de los deudores entre los distintos oferentes de crédito, al permitir la portabilidad de su historial crediticio y, a la vez, proveerá a los reguladores de una herramienta relevante de monitoreo y supervisión de nuestro sistema financiero, tal como lo ha destacado recientemente el Consejo de Estabilidad Financiera al resaltar la importancia sistémica del proyecto de ley sobre información comercial.
Tal como lo señaló la propia OCDE en su más reciente Economic Survey, avanzar en esta iniciativa legal debe ser prioritario para Chile.