Proyecto que modifica tabla factores de riesgo

El proyecto de ley enviado para “resolver la inestabilidad jurídica de las Isapres” como producto del dictamen constitucional y más de 7.000 reclamos judiciales presentados por sus afiliados el último año, originados por el método de fijación de precios, propone mantener las tablas de factores de riesgo. Pero atenuando las diferencias que afectan a los grupos de mayor o menor riesgo, solidarizando parcialmente el 7% de salud, adicionalmente propone crear un IPC de la salud.



La ley pretende resolver las objeciones del tribunal constitucional y terminar con la “incertidumbre jurídica” actual. Sin embargo, la propuesta legal es insuficiente ya que no se hace cargo del origen del problema: que la gente ya no acepta un sistema de fijación de precios que traspasa a las personas el mayor costo de su riesgo, producto de su edad o sexo. El dictamen del tribunal constitucional sólo ha puesto en evidencia un problema que miles de personas han reclamado por años.

El gobierno ha decidido tramitar este proyecto de ley para eliminar “la incertidumbre jurídica del sistema”, pero es una solución insuficiente ya que no se hace cargo de eliminar las diferencias de precios por edad y sexo, sistema que en Chile ha demostrado estar agotado. En un contexto de envejecimiento e incremento de costos, la gente no quiere asumir en forma individual, y sin mecanismos de solidaridad, el impacto del mayor costo de la salud, y tampoco quiere trasladarse a Fonasa. Lo anterior fue reconocido por 8 de 13 miembros de la comisión de expertos en salud nombrada por el presidente de la república el año pasado.

Ahora bien, hay un problema que afecta a la industria y su desarrollo, el cual hay que resolver. Se podría legislar en la siguiente dirección para solucionarlo, sin entrar a una reforma sectorial del financiamiento en salud, que requeriría de una discusión más profunda y prologada. Se debiera crear un plan garantizado para toda la población afiliada a las Isapres que incluya el AUGE, el seguro catastrófico y el conjunto de prestaciones de salud que cubre Fonasa al grupo D de beneficiarios.

Por otro lado, eliminar las tablas de factores de riesgo para definir el precio de este plan garantizado y fijar una prima plana única para el sistema, definida mediante el mecanismo que el propio proyecto del gobierno plantea: creando un IPC de la salud y una comisión de expertos que pondere y recomiende. A esto se suman crear un fondo de compensación de riesgo que permita establecer un sistema de ajuste de precios entre las Isapres, en base al riesgo de sus carteras de afiliados, sin traspasárselo a las personas individualmente, evitando comportamientos oportunistas.

Pero también se deben transformar las Isapres en “Empresas privadas de la Seguridad Social en Salud” sin selección al ingreso de sus afiliados, garantizando un plan de salud universal para el sistema privado, cuyo precio sea igual para todos independientemente del riesgo de las personas, terminando con la cautividad de los afiliados.

Estos cambios son esenciales si queremos un sistema de salud mixto sólido, con mayor prestigio social de sus actores y guiado por principios de la seguridad social, independientemente que el 7% sea administrado por Fonasa o entidades privadas.