Protocolo de Madrid: una oportunidad para las PYME

Loreto Bresky

Conforme a un estudio de la OCDE, de octubre de 2020, la pandemia ha acelerado la expansión del e-commerce en muchos países miembros, principalmente hacia personas naturales y empresas emergentes, así como también a nuevos segmentos de consumidores. Es por ello, y dado el impacto económico que ha tenido esta crisis, que los gobiernos del mundo se han focalizado en promover políticas que faciliten el comercio electrónico.

Esta intensificación del comercio electrónico por la pandemia ha tenido como correlato un aumento en las solicitudes de marcas comerciales, principalmente porque se trata de identificadores unifactoriales. Es decir, ese nombre, logo o ícono que habita en los canales de venta en línea, son el único elemento que les permite identificarse de sus competidores, a diferencia de lo que ocurre en el mercado analógico, donde existen otros aspectos adicionales de identificación para el consumidor, en relación al producto o servicio. Lo anterior, explica el aumento que está teniendo este derecho de propiedad industrial a nivel global.

Es en este contexto, que Inapi con apoyo del ministerio de Economía, envió al Congreso en diciembre de 2020 el proyecto de ley que aprueba el Protocolo de Madrid, tratado que permite proteger y gestionar una marca comercial de una manera más sencilla y económica en 124 países, que representan más del 80% del comercio mundial.

La adhesión a este tratado, cuya tramitación está en su fase final en el Congreso, sin duda tendrá un impacto positivo para Chile.

Durante el año pasado, hubo un aumento significativo de solicitudes de marcas comerciales de un 27%. También se advirtió un crecimiento de un 78% de presentaciones realizadas por residentes, lo que da cuenta de la gran cantidad de emprendimientos que surgieron durante la crisis sanitaria.

Actualmente, para que los usuarios chilenos, lleguen a mercados internacionales con sus marcas, debidamente protegidas, deben proceder al trámite de solicitud en cada uno de los países de interés, en forma separada, con los costos y traducciones que eso implica. Variables que, definitivamente, son piedra de tope para miles de empresas y emprendedores locales.

El sistema, administrado por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), permite a los propietarios de marcas presentar una solicitud única y pagar un conjunto de tarifas para solicitar la protección de una marca en hasta 107 países y regiones miembros (que representan a 124 países en total).

La pretensión de adherir a este tratado obedece a una mirada estratégica de apoyo a las PYME, y que se enmarca en el plan que desde Inapi estamos impulsando, cuyo foco es aumentar la competitividad del sector y facilitar su internacionalización, mediante el sistema de propiedad industrial. En consecuencia, dotar a nuestros emprendedores de un mecanismo más simple, flexible y económico.