Propiedad industrial y libre competencia: necesidad de mayor comunicación

Hace un par de semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que les permitirá trabajar en forma conjunta en materias relativas a la propiedad industrial y el respeto a la libre competencia. Este hecho, que pasó bastante inadvertido en los medios de comunicación, representa un primer paso muy importante en la necesaria comunicación y diálogo que debe existir entre ambas políticas públicas, pues son vitales para el crecimiento y desarrollo económico de un país.



¿Por qué es tan necesaria está coordinación? La respuesta radica en la natural tensión entre ambas disciplinas. Mientras la propiedad industrial busca la eficiencia dinámica de los mercados, otorgando monopolios de explotación transitorios para fomentar la innovación, la libre competencia tiene por objeto, precisamente, combatirlos, para asegurar de esta forma la eficiencia asignativa de los recursos productivos, todo lo cual produce inevitables enfrentamientos entre las autoridades encargadas de aplicar las distintas legislaciones.

Sin embargo, esta mirada tradicional de conflictos debe dar paso a una visión más integradora y complementaria, toda vez que ambas materias buscan en definitiva el bienestar de los consumidores. Pese a que aparentemente y a primera vista se trata de objetivos irreconciliables, es perfectamente posible destinar los esfuerzos que sean necesarios para que la aplicación de una y otra legislación no solamente no entorpezca innecesariamente los objetivos o bienes jurídicos que protege cada una, sino que además los potencien. De esta forma, la protección de los derechos de propiedad intelectual no debe ser excesiva, evitando que pueda otorgar injustificadamente poder de mercado a su titular. En este sentido, por ejemplo, deben revisarse los plazos de duración de los monopolios, la amplitud de las patentes, el cuidado de otorgar marcas sobre genéricos que cierren el mercado, etc.

Del mismo modo, la aplicación de la ley de competencia no puede dar lugar a abusos que eventualmente pueden darse por el aprovechamiento ilegítimo de la fama de una marca, como sucede muchas veces con el importador paralelo que se beneficia del esfuerzo de promoción y marketing que hace un distribuidor autorizado.

Si bien es cierto que en el último tiempo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha ido sentando doctrina sobre ciertos puntos que permiten un mejor entendimiento entre estas disciplinas, como establecer que el mero hecho de tener un derecho de propiedad intelectual no importa a priori poder de mercado, o declarar que la inscripción de un genérico puede actuar como barrera a la entrada de un mercado, existe todavía una amplia gama de áreas comunes en que necesariamente deben armonizarse criterios para impedir que se produzcan interferencias evitables en la aplicación de una y otra. Entre otras iniciativas, sería altamente recomendable que el Inapi incorporara la variable de libre competencia en sus procedimientos de asignación de derechos de propiedad industrial y que la FNE emitiera directrices generales acerca de cuales son sus criterios en esta materia.

Estas acciones, junto con otras, permitirán tener más y mejores mercados, en los que los más beneficiados deben ser los consumidores al tener más y mejores bienes a costos razonables. Además, este tipo de actividades entregan crecientes grados de certezas a los agentes económicos, al dar orientaciones sobre los límites de sus derechos en uno y otro lado. Bienvenido entonces este convenio entre la FNE y el Inapi.