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Alto contrasteGran parte del problema delictivo presenta claros patrones según lugares y horarios, y víctimas y victimarios y es, por lo tanto, predecible. Chile tiene altas tasas de delitos contra la propiedad, en su mayoría cometidos sin violencia en determinados lugares públicos y a un grupo acotado de víctimas -la encuesta de Paz Ciudadana indica que prácticamente el 90% de los hechos reportados por los entrevistados aqueja al 25% de los hogares-. Por otra parte, y como fenómeno de naturaleza distinta a esta delincuencia común, en todas las grandes ciudades existen barrios con altos niveles de violencia urbana, que afectan severamente la calidad de vida de sus residentes.
Y hoy, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, existe conocimiento sobre las políticas y programas que funcionan, y lo que es igual de importante, lo que no funciona. Lo primero que plantea la evidencia es, sin duda, que la prevención es sustancialmente más eficaz y socialmente rentable que la reacción ante el delito.
A este respecto, en Chile el gasto público se ha duplicado desde el año 2012 a la fecha, pero si bien hay avances en la propuesta del Ejecutivo, éstos son marginales en cuanto a los montos involucrados y el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 mantiene, de nuevo, prácticamente inalterada la composición de este gasto: un análisis funcional del gasto permite concluir que alrededor del 90% del presupuesto se destina a financiar operaciones de instituciones que se abocan a la persecución penal o hacer valer las penas, mientras que a la prevención -tanto previa a la comisión de delitos como la reinserción de condenados- se destina alrededor del 10% del presupuesto.
En un contexto en que los programas de gobierno de las principales candidaturas del país ponen de manifiesto el alto nivel de consenso que hay sobre la relevancia de la prevención, el desafío, por lo tanto, es avanzar con mayor celeridad en la “asignación de presupuestos informada por la evidencia”, es decir, en que las instituciones, políticas y programas que se financien tengan sustento empírico sobre la contribución que hacen a disminuir la victimización, por una parte, e incluyan la evaluación de impacto, por otra, creando de paso indicadores de eficacia, para lo cual el uso que se le dará al Banco Unificado de Datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, será crítico. Sólo así cada institución hará máximo su aporte a la seguridad, y la prevención pasará de ser un conjunto de pilotos a una verdadera política pública.
