Pensiones: lo que debe considerar el remedio

INGRID JONES

Recientemente, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que una industria donde las AFP ganan US$ 539 millones y que entrega pensiones con una mediana de $ 44 mil a mujeres, es un sistema que “no resiste más”. Estos dichos sólo reflejan la idea central de la reforma del Gobierno de eliminar las AFP y no reconoce las causas que están detrás de las bajas pensiones.

Efectivamente, los datos de nuevos pensionados a enero 2023 muestran que la mediana de pensión autofinanciada en las mujeres es cerca de $ 44.000. Sin embargo, esta lectura agregada no es correcta.

“Además de volver a crecer, se requieren políticas públicas efectivas que incorporen más personas al trabajo formal, para que ahorren más y puedan aspirar a pensiones más altas”.

En primer lugar, se debe incorporar al debate qué entendemos por pensión. De acuerdo con los estándares de la OIT, debe hablarse de pensión cuando se cotiza al menos por 30 años. En segundo lugar, hay que distinguir por años cotizados. Las mujeres que cotizaron entre 30-35 años, tienen una mediana de pensión de $ 149.000, entre 35-40 años de $ 298.000 y de $ 434.000 cuando cotizaron más de 40 años. Por el contrario, cuando se cotiza el 50% del tiempo de la vida laboral, es decir entre 15-20 años, la mediana es de $ 45.850. Las pensiones aumentarán sólo en la medida en que se ahorre más y para eso se debe cotizar por más tiempo.

Si bien estos montos son bajos y es deseable aspirar a mejores pensiones, el diagnóstico y el remedio deben considerar lo anterior a la hora de avanzar hacia una nueva etapa para el sistema de pensione.

Se suma además que no se ha aumentado la edad de jubilación ni tampoco la tasa de cotización, lo que ha significado que los recursos ahorrados deben financiar más años de vida, lo que golpea especialmente a las mujeres. Si consideramos que el tope imponible se ha reajustado parcialmente, también se ve afectado un segmento de la población que ha accedido a mayores ingresos, formales pero también informales.

Cuando tres de 10 trabajadores son informales y cerca de 2.500.000 personas no cotizan o cotizarán muy poco durante su vida laboral, tendrán una pensión muy baja que solo se verá aumentada por la PGU. Tampoco se pueden entregar mejores pensiones si el 50% cotiza por un tiempo menor o igual a 20 años.

Así, es clave que el Gobierno ataque los altos índices de informalidad del mercado laboral. Además de volver a crecer, se requieren políticas públicas efectivas que incorporen más personas al trabajo formal, para que ahorren más y puedan aspirar a pensiones más altas.

No parece sostenible (ni equitativo) que los trabajadores formales sean quienes financien pensiones más altas de otros grupos que se mantienen en la informalidad, quienes no necesariamente tienen ingresos bajos para el estándar de nuestra economía, como propone la reforma del Gobierno.

Eso no incentivará la formalización, por el contrario, es un estímulo a subdeclarar y a mantenerse en la informalidad. Por algo todos reconocemos que los sistemas de pensiones se basan en ahorro obligatorio y deben tener una base lo más amplia posible.