Oportunidad tributaria

Fernando Barros Tocornal

La sorpresiva derrota del Gobierno con el rechazo transversal de los diputados de la ampliamente criticada reforma tributaria, debe ser vista como una oportunidad para Chile y no dar lugar a reproches furibundos de los frustrados impulsores, ni para darse gustitos políticos de corto plazo ante un país que, después del estallido y procesos políticos recientes, espera cambios que mejoren las condiciones de vida de los postergados y que, con políticas responsables y técnicamente sólidas, permita recuperar la senda del crecimiento y desarrollo.

La Constitución vigente da al mundo político, comunidad empresarial y demás actores económicos, la oportunidad de generar un gran consenso sobre un Pacto Social Tributario real de forma que se reinicie el fallido proceso, reemplazando el articulado rechazado por un régimen impositivo que dé certeza a los inversionistas y emprendedores, fomente la inversión y el ahorro auténticos, no haga más difícil aun hacer empresa y generar trabajo y riqueza en Chile, y que permita recaudar los tributos necesarios para el financiamiento de los programas sociales que nuestro país requiere.

“La Constitución vigente ofrece la oportunidad de generar un gran consenso sobre un Pacto Social Tributario real de forma que se reinicie el fallido proceso, reemplazando el articulado rechazado por un régimen impositivo que dé certeza a los inversionistas y emprendedores, y fomente la inversión y el ahorro auténticos”.

En el proyecto rechazado el Gobierno prescindió de seguir el camino de países OCDE, cayendo en la demagogia, odiosidades y sectarismos, que perjudicarían a quienes, sacrificando su legitima opción de consumir el fruto de su trabajo, ahorraron y reinvirtieron utilidades que ya cumplieron la tributación corporativa para desarrollar más sus empresas.

En la construcción de un acuerdo se debe considerar eliminar exenciones siguiendo el ejemplo de países como Canadá, España o Nueva Zelanda, donde todas las rentas tributan y todos quienes obtienen beneficios deben contribuir a financiar las prestaciones sociales destinadas a los menos favorecidos, con baja tributación para los menores ingresos y con un incremento progresivo hasta alcanzar tasas similares a las de los más altos ingresos en el mundo.

Diversos estudios de prestigiosos centros y académicos muestran que un 75% de los asalariados en Chile no tributa por sus rentas brutas en el orden de hasta $1 mm mensual y que al nivel de $2 mm de salario bruto al mes, la tasa efectiva de impuesto es de solo un 2,2%, cuando en los países indicados ascendería a aproximadamente 14%. Según estos estudios la menor recaudación por rentas personales y corporativas -un 6% del PIB en Chile versus 11% promedio OCDE- no obedece a la tributación corporativa ni a la de las rentas altas, ya que Chile está en la media de esos países, sino que a la baja contribución general y la lenta progresividad de los impuestos a las rentas personales.

En el plano corporativo, incrementar el Impuesto de Primera Categoría atenta contra la necesaria inversión de las empresas, por lo que cabe considerar seriamente la alternativa de restringir la postergación de impuestos a dividendos pagados a otras empresas fuera del grupo empresarial en aquella parte que no hayan pagado la Primera Categoría y/o considerar como retiradas y afectas a tributación personal aquellas utilidades que no cumplan con el estándar que se defina para considerarse una reinversión.

El rechazo puede darle a Chile la oportunidad de alcanzar un acuerdo amplio consensuando una estructura tributaria con lo mejor de la experiencia nacional e internacional y que permita recaudar recursos que -bien administrados y sumado a una gestión eficiente del Estado permita que no sigamos mirando desde lejos el desarrollo, la superación de la pobreza y ser un país de oportunidades.