Multirut

En la fase final de su debate ha entrado el proyecto de ley que modifica el concepto de empresa o “multirut”, tema jamás resuelto por las anteriores administraciones. El presidente de la República, tanto en su programa de gobierno como en el discurso ante el país, el 21 de mayo de 2010, ha señalado que se deben evitar los abusos laborales derivados del multirut.



¿Qué significa ello?; básicamente que al dividir una empresa en varios rut, no se vulneren los derechos sus trabajadores; si una empresa se divide en dos rut y cada uno contrata a 18 o 19 trabajadoras, se vulnera el derecho a sala cuna (que rige en empresas de más de 20 trabajadoras). De la misma forma, un empleador que divide su actividad en dos o más empresas, nunca negociará colectivamente en conjunto con sus trabajadores porque la negociación es por empresa (o rut), lo que afecta la capacidad de éstos para pactar conjuntamente mejores condiciones de empleo y remuneraciones. Casos emblemáticos de estos abusos se han dado en sectores de la producción, servicios y en el comercio o retail.

Ahora bien, la propuesta actualmente en trámite, moción del diputado Sergio Aguiló, no se orienta a evitar los abusos que estas divisiones generan, sino que señala como una sola empresa a todo grupo de ellas, llegándose al exceso de que, por ejemplo, un dueño de una peluquería y de un supermercado, deba negociar colectivamente en conjunto con los trabajadores de ambos negocios, en circunstancias de que se trata de actividades no homologables.

Por su parte, el gobierno y la Concertación han presentado sendas indicaciones que tienen denominadores comunes: se debe analizar si se trata de un mismo negocio o actividad o giro desde una perspectiva económica; pero junto a ello se debe analizar si los diferentes negocios tienen una misma dirección laboral; constatados estos hechos por el juez, se entenderá que se trata de un mismo empleador para todos los laborales y previsionales. Se debe decidir, aún, la probable conveniencia de que dicha decisión judicial sea sustentada por la opinión técnica de un panel de expertos.

Esta visión común, es fruto de una extensa conversación que el Ministerio ha sostenido con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, a fin de dar con la mejor solución que evite los daños irreparables que se producirían de aprobarse la moción Aguiló en sus términos actuales, ya que con ello, evidentemente los trabajadores de empresas más débiles de un grupo arrastrarían hacia abajo los beneficios de los trabajadores de empresas de mejor rentabilidad, en una negociación conjunta de insospechables y confusos efectos.

Una gran lección nos deja este proceso de diálogo: las políticas públicas en materia laboral requieren de consensos sólidos, puesto que afectan a casi 5 millones de trabajadores y sus familias; esta búsqueda ya tiene un valor en sí misma, y sus frutos estarán constituidos por una legislación moderna que proteja los derechos del trabajador, pero que no entrabe el desarrollo productivo.