La defunción de la gratuidad

Matko Koljatic

Dicen que cuando una utopía se enfrenta con la realidad, gana la realidad. Viendo lo que está pasando con el proyecto de gratuidad en la educación superior en estas semanas, pareciera que el dicho es correcto. La gratuidad en la educación superior -entendida como un derecho social universal- no será realidad en el curso de este gobierno y, en mi estimación, nunca lo será. Las razones son económicas y de calidad académica.

Las razones económicas son fácilmente perceptibles en los cambios de señales al respecto que se han dado en las últimas semanas: "No alcanza la plata". Estimaciones que he conocido –hechas en el Mineduc– indican que se requiere de un gasto adicional de al menos US$ 2.500 millones. Por supuesto que con el entorno económico que se está dando actualmente -y que parece no va a tener un cambio sustancial en varios años- recaudar esta cifra es muy improbable. Si se le agrega la diferencia con los aranceles reales, ya que se considera como base solo los aranceles de referencia, en que cualquiera que sea la forma de estimar costos estos no cubrirán en plenitud aquellos en las instituciones más complejas, la brecha de financiamiento es aún mayor. Si este panorama se ve intrincado, las complejidades relacionadas con la calidad académica son mucho mayores.

El sistema de la educación superior chilena es de provisión mixta. Eso significa que la oferta incluye instituciones estatales y privadas (algunas con y otras sin fines de lucro), en un ambiente desregulado y con gran autonomía de las instituciones en cuanto a qué carreras y programas ofrecer y cómo hacerlo. Ello ha llevado a que exista una amplia oferta de carreras y programas en las distintas áreas del conocimiento, bajo muy distintas formas de enseñanza y con muy distintos niveles de calidad. Son los efectos de lo que se ha llamado la "mercantilización de la educación", donde debido a la búsqueda de rentas tanto en el sector estatal como privado, tenemos una oferta educativa muy variada y con niveles de calidad muy distintos.

Así, conviven en el sistema instituciones de educación superior que podrían recibir recursos originados en la gratuidad que no han pasado el primer cedazo de evaluación de calidad, el licenciamiento, con otras instituciones que tienen el licenciamiento pero no han postulado nunca a acreditarse y otras que obtuvieron la acreditación alguna vez y la perdieron. Por otra parte, entre las instituciones acreditadas, las hay con dos a tres años de acreditación hasta aquellas que tienen siete años, el máximo posible. Esta oferta –siguiendo la ley de Say- ha generado una demanda de alumnos muy diversos en cuanto a competencias académicas, vocación, edad, motivación, condición socio económica, etc.

Dar gratuidad en este contexto implica establecer costos de enseñanza y luego fijar precios para miles de productos distintos. Por mucho que se establezcan algoritmos que simplifiquen el problema, es como intentar solucionar un puzle con miles y miles de piezas. Una tarea imposible.
De modo que la gratuidad universal no va a resultar.

¿Qué salida hay por delante? Existe la alternativa que la gratuidad se circunscriba a las instituciones estatales. De hecho, este es el sistema que impera, por ejemplo, en Estados Unidos y en países de Europa, aunque esta realidad está cambiando e incluso las universidades estatales norteamericanas y europeas están empezando a cobrar. La razón es simple: a los gobiernos "la plata no les alcanza".

Sin embargo, en mi opinión, lo que corresponde hacer es mantener los mecanismos de financiamiento que han estado en vigencia a través de tres décadas y media -combinaciones de becas y préstamos- y que están funcionando razonablemente bien. Ello implica considerar elementos tales como las becas asociadas a la condición socioeconómica y al rendimiento académico de los alumnos, el pago de créditos contingente a los ingresos con periodos de gracia, etc. Por cierto, hay depuraciones que se pueden hacer, pero eso sería materia de otra columna.