Poder comprador de violencia

Luis Larraín

La Ley Indígena N° 19.253 fue promulgada el año 1993 por el ex presidente Patricio Aylwin. Basta leer el artículo 1° de esa ley para entender el rol central que ha jugado la entrega de tierras en la política indígena seguida desde esa fecha hasta ahora. Se señala que la tierra es el fundamento principal de la existencia y la cultura indígenas, por lo que es necesario protegerla y propender a su ampliación.



Pero ¿alguien les ha preguntado a los indígenas su opinión al respecto? La mayoría de ellos (70%) vive hoy día en las ciudades. Una visión romántica y conservacionista, que pretende que los indígenas sean una suerte de museo viviente, impone políticas que ponen todo el acento en la entrega de tierras. Pone también restricciones a su posterior venta ¿Qué tal si los indígenas prefieren contar con más fondos para educación u otro tipo de apoyo? 
La Conadi contempla entre sus objetivos estratégicos “reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo indígena rural, perfeccionando la política de tierras y aguas mediante la incorporación de instrumentos de apoyo a la formación de capital humano y emprendimiento productivo”. Para concretar lo anterior, destina un 50% de su presupuesto a la compra de tierras mediante el Fondo de Tierras y Aguas, otorgando subsidios para la adquisición de tierras; financiando mecanismos que permitan solucionar problemas de tierras (judiciales o extrajudiciales) y la regularización o compra de derechos de agua. El presupuesto en esta materia más que se ha duplicado en los últimos diez años, llegando a cifras superiores a los $ 40.000 millones anuales.

Paralelamente, ha empezado a subir el precio de la tierra en las zonas reclamadas por los indígenas, pues el enorme poder comprador del Estado a través de la Conadi ha agregado una importante presión de demanda. Después de todo, para un agricultor de la zona, asolado por continuas tomas de terrenos y otras acciones violentas que incluyen incendios de viviendas y campos, puede ser conveniente vender a un buen precio.

Antes de enfrentar el problema de violencia en La Araucanía con un enfoque centrado en lo policial, habría que preguntarse si acaso la política indígena, fuertemente centrada en la entrega de tierras, no estará generando, justamente, incentivos perversos que agudizan el conflicto. Se trata de una política pública que el actual gobierno ha mantenido de manera casi íntegra desde su promulgación durante los gobiernos de la Concertación hace ya más de 20 años. Es cierto que hay otros programas que favorecen el emprendimiento y se han anunciado inversiones en las zonas afectadas por la violencia, pero los montos son insignificantes al lado de los fondos destinados a compra de tierras.

Las acciones violentistas son producto de minorías organizadas que tienen objetivos políticos y también económicos. Por mientras, la mayor parte de los indígenas son pacíficos y están progresando. La votación en la zona sigue favoreciendo a los partidos de derecha. A partir de nueva encuesta nacional de empleo puede constatarse que la creación de empleos de marzo de 2010 a la fecha es de 49.320, lo que representa un crecimiento de 13%, y el de la fuerza de trabajo de 47.080 (11,4%). En términos de calidad de empleo, la mayor parte de los empleos son asalariados y por cuenta propia, los primeros con un crecimiento de 8,95% de marzo de 2010 a la fecha, y los segundos con uno de 14,44%.

Todo lo anterior lleva a intuir que parece haber llegado el momento de evaluar los incentivos que está generando la política de compra de tierras. Ello implica repensar los mecanismos e incentivos en materia de entrega de tierra, como asimismo evaluar si resulta pertinente establecer criterios más restrictivos en materia de límites a la compra de predios. Asimismo, parece oportuno introducir cambios que permitan flexibilizar la venta o hipoteca de los predios para que las comunidades beneficiadas puedan acceder a créditos, que en la actualidad les son negados por carecer de garantías.