VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteCuando en su última cuenta pública, el 6 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comprometió su apoyo para concretar una nueva Ley de Donaciones, su declaración fue muy bienvenida. En el capítulo dedicado a los proyectos de ley a ser ingresados en el primer semestre de este año, el ministro anunció el envió de la Ley Única de Donaciones. Textualmente señaló: “actualmente existe una multiplicidad de leyes de donaciones que contemplan distintos tratamientos tributarios y administrativos. Este proyecto unifica estas leyes en un único cuerpo legal con tratamientos administrativos y tributarios homogéneos”.
Los dichos de Larraín fueron bien recibidos, porque Chile es un país de escasa filantropía. Las donaciones registradas no superan el 0,1% del PIB anual. Países de nuestro nivel de desarrollo triplican ese número. La mitad de las grandes empresas no ha realizado donaciones en los últimos siete años.
El anuncio recogía además un consenso transversal, consagrado el 9 de julio del año pasado, cuando el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de todos los partidos con representación parlamentaria acordaron impulsar un nuevo marco legal. Es que hay convencimiento de que se requiere un sistema simple, de fácil acceso, que no exija grandes ingenierías, ni asesorías especializadas, al alcance de todos quienes se interesen en el emprendimiento social y que a la vez impida abusos contra el patrimonio fiscal. Necesitamos apoyar con instrumentos eficientes a quienes voluntariamente colaboran a la solución de problemas públicos y otorgan una finalidad, un sentido de vida y canalizan la energía de muchas personas y comunidades. Este estímulo debe “establecer un equilibrio adecuado entre incentivo y control”, señalaba la declaración que consagraba el acuerdo transversal.
Una nueva ley debería terminar con las discriminaciones en favor de áreas que, por distintas circunstancias, han conseguido exenciones o beneficios particulares. No hay fundamento moral, ni racionalidad que justifique aquello. Es imperioso emparejar la cancha entre distintos sectores, en donde existen en todos ellos necesidades que la acción estatal no alcanzar a resolver. Como ejemplos están las múltiples iniciativas orientadas a la protección y preservación del medio ambiente o aquellas dedicadas al tratamiento de enfermedades graves, que florecen pese a adversidades, a lo largo y ancho del país. En ambos casos, la infinidad de esfuerzos de grupos o de ciudadanos activos no logra concretar contribuciones por restricciones legales existentes. Lo que se espera del gobierno, faltando días para que termine el semestre donde debería materializarse la promesa ministerial, es que cumpla con su anuncio y se envíe el proyecto. Para que estas nuevas normas sean un instrumento de apoyo a las organizaciones sin fines de lucro, de fortalecimiento de la sociedad civil y de promoción de la corresponsabilidad ciudadana.
