Lecciones del caso Dominga

El rechazo del proyecto Dominga por tercera vez por parte del Comité de Ministros, a pesar de dos dictámenes de los Tribunales Ambientales que dejan sin efecto la resolución del mencionado comité, evidencia que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental (SIEA) es demasiado vulnerable a sesgos ideológicos que introducen gran incerteza jurídica.

El que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Dominga se tome un largo tiempo en disputas sobre observaciones que son cuestionables y no se resuelvan temas centrales es una señal de que, o bien el sistema vigente no entrega aún las herramientas para resolver temas fundamentales de la evaluación ambiental o bien la autoridad no tiene interés en abordarlos, ya que tiene una decisión de rechazo a priori.

El argumento definitivo para el rechazo dice relación con eventuales impactos adversos en biodiversidad. Las EIA deben hacer un balance adecuado entre el valor socioeconómico de un proyecto y el aporte de la biodiversidad a la mantención de servicios ambientales ecosistémicos. Sin embargo, repetidamente en diversos proyectos se supone que atributos de biodiversidad tienen un valor económico inconmensurable, lo que en la práctica es asumir un valor infinito y se lleva el enfoque preventivo a un extremo, sacrificando el bienestar de las generaciones presentes en favor de remotas posibilidades de impactos positivos en futuras generaciones.

El SEIA requiere ser mejorado de modo de asegurar que los proyectos se aborden con rigor técnico y certeza jurídica; que exista un proceso de priorización y evaluaciones que permitan una participación ciudadana sustantiva, que recoja los legítimos intereses de las comunidades y de la sociedad. En muchos casos esta es muy acotada, de carácter más bien transaccional, o permitiendo más bien la expresión de preferencias de sectores muy minoritarios que tienen preferencias extremas.

El SEIA debe incorporar más decididamente la evaluación ambiental estratégica, incidiendo especialmente en el ordenamiento territorial. Debe generar una articulación coherente entre el nivel nacional y regional, aspecto fundamental para tener mayor coherencia en la acción del Estado en diversas regiones y proteger adecuadamente el medio ambiente otorgando mayores certezas a los titulares y a la comunidad.

La reforma al SEA que se tramita en el Congreso representa una oportunidad de mejorar el sistema. La propuesta de establecer como parte del proceso de EIA la participación temprana de las comunidades, antes de que el proyecto este íntegramente definido, tiene la ventaja de permitir una participación sustantiva de actores relevantes. Esto facilita incorporar las legítimas aprehensiones de estos en el diseño definitivo del proyecto y abordar los dilemas ambientales tempranamente y no dejar para el final los temas más sustantivos. Chile debe realizar las reformas que le permitan aprovechar su extraordinaria dotación de recursos energéticos y minerales críticos, realizando una contribución sustantiva en la lucha contra el cambio climático de forma plenamente compatible con un desarrollo territorial sostenible.