La informalidad no paga

Susana Jiménez Schuster

La informalidad laboral en Chile se mantiene persistentemente elevada, pero no parece haber suficiente conciencia de la implicancia que esto tiene.

Estamos hablando de 2,5 millones de personas (28% de los ocupados del país) que mayoritariamente trabajan en condiciones precarias, con empleos de baja calidad, sin estabilidad en sus ingresos, sin una red de protección social y sin acceso a beneficios laborales ni financiamiento. La informalidad no protege al trabajador de una serie de contingencias como vejez, sobrevivencia, cesantía, embarazo, enfermedad o accidente laboral e invalidez. Se trata, pues, de un hecho gravísimo y reducirlo debiese ser prioridad en el diseño de las políticas públicas.

“Las reformas planteadas en el pasado y en la actual administración no han tomado en cuenta la importancia de disminuir la informalidad. Es un problema gravísimo y enfrentarlo debiese ser prioridad en el diseño de las políticas públicas”.

Las reformas planteadas en el pasado y en la actual administración no han tomado en cuenta la importancia de disminuir la informalidad. En algunas empresas, sobre todo en las pequeñas, la informalidad es significativa: dos de cada tres trabajadores que desempeñan sus funciones en empresas con menos de cinco empleados lo hacen en la informalidad.

La informalidad laboral es una arista relevante también desde el punto de vista tributario. Cualquier cambio en el sistema tributario que busque ser más equitativo y aumentar la recaudación tiene que abocarse a ampliar la base de contribuyentes, combatiendo la informalidad y la evasión, en vez de seguir elevando la carga de quien trabaja o ejerce una actividad formal.

En materia previsional, la informalidad laboral es causante no sólo de que los trabajadores no acumulen en sus cuentas individuales de pensiones, sino que muchas veces las lagunas previsionales se explican por este tránsito que exhiben algunos trabajadores de pasar de la formalidad a la informalidad con cierta frecuencia. En este contexto, el reducir la informalidad es tanto o más importante que elevar las cotizaciones o aumentar la PGU en $ 40.000. Reducir la informalidad tiene beneficios individuales y sinergias para la sociedad, pues libera recursos que podrán ser ocupados en solidaridad.

En el ámbito laboral, abundan los ejemplos donde se ha ignorado el impacto de la política pública en el mercado del trabajo. La recién aprobada reducción de jornada a 40 horas semanales sin duda habría tenido un efecto negativo mayor en el empleo formal de no mediar la incorporación de gradualidad y medidas de adaptabilidad, lo que de todos modos llevará a más personas a la informalidad. Igualmente, el aumento del sueldo mínimo es una buena noticia para quienes tienen y retienen sus trabajos, pero no lo es tanto para los desempleados que tendrán aún menos posibilidades de obtener un empleo formal con seguridad social.

Aún estamos a tiempo para que las actuales reformas -tributaria y previsional- incorporen propuestas orientadas a reducir la informalidad, con un impacto real. La entrega de beneficios y subsidios a las personas y familias debe ir asociada a la formalización, contrario a lo que ocurre con políticas sociales mal diseñadas que derechamente la desincentivan, porque conviene más ocultar ingresos. Existe además una probada persistencia de la informalidad, lo que revela la importancia de promover relaciones laborales formales desde el comienzo de la vida laboral, por ejemplo, mediante incentivos para la formalización de jóvenes.

Así, invertir recursos públicos en combatir la informalidad paga por partida doble: por un lado, se aseguran los beneficios de la formalidad por el tiempo que dure el empleo; por otro lado, se aumenta la probabilidad de que el próximo empleo también sea formal.