El Impuesto al Valor Agregado está próximo a cumplir 40 años, siendo actualmente nuestra principal fuente de ingresos tributarios. A pesar de ello, desde su implementación no ha sido objeto de grandes cambios en cuanto a su mecanismo y forma de control.
Recientemente el Congreso aprobó en tercer trámite el proyecto de Ley que introduce importantes modificaciones en materia de factura electrónica, que obliga a los contribuyentes a migrar al sistema electrónico de emisión de facturas, facturas de compra, liquidaciones facturas y notas de débito y de crédito. Asimismo, establece que el impuesto recargado en facturas emitidas en medios distintos al papel, por regla general, dará derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario sólo en el periodo en que hagan el acuse de recibo (conforme a la Ley 19.983).
En cuanto a las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios, se faculta al contribuyente a optar por la utilización de formato en papel o electrónico. En este último caso, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos tendrían el valor de boleta de ventas y servicios.
Asimismo, se contempla como excepción del formato electrónico a aquellos contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de Internet, sin acceso a suministro eléctrico o que estén en un lugar decretado como zona de catástrofe.
Este proyecto sin duda constituye un importante y esperado avance en nuestra legislación, puesto que al generalizar el uso de la factura electrónica y de los restantes documentos tributarios, se mejora la seguridad en el uso del crédito fiscal y se facilita el acceso al financiamiento de las empresas, puesto que regulariza el mérito ejecutivo de las facturas y su cesión a terceros.
Sin embargo, esta normativa también representa un gran desafío para nuestro país, ya que la forma y los plazos de su implementación, están condicionados a un cambio cultural y a un salto tecnológico. Actualmente las grandes empresas ya se encuentran incorporadas voluntariamente al sistema de facturación electrónica, por lo que el salto debe producirse a nivel de las PYMES, buscando los incentivos para que estas se incorporen a este cambio. Asimismo, para que esto resulte realmente universal, con los beneficios que ello trae aparejado, resulta imprescindible poder dar total cobertura de Internet y generar mecanismos de acceso a la tecnología a todos los sectores.