La crisis como oportunidad

Magdalena Aninat

La primavera ha traído un prudente optimismo en las posibilidades de control de la pandemia, pero los efectos en desempleo, educación y salud probablemente serán duraderos. Según estimaciones del PNUD, esta crisis significará un retroceso de 13 años para la superación de la pobreza. Enfrentar este enorme desafío no puede ser una tarea meramente del Estado ni de soluciones de mercado.

El tercer actor en la mesa deben ser las organizaciones de la sociedad civil, que en esta crisis sanitaria han demostrado tener una capacidad de adaptación para atender a los más afectados entregando alimentos, educación on line, cultura vía digital, y apoyo en salud mental, en forma ágil e integral. Un reciente artículo de The Economist sobre filantropía en América Latina, destacaba también otro rol que cumple el denominado “tercer sector”: su capacidad de canalizar temas emergentes y necesidades ciudadanas en forma propositiva a los gobiernos, en vez del conflicto directo.

Tenemos aquí una oportunidad. La sociedad civil en Chile ha tenido un enorme crecimiento, sumando casi 320 mil entidades, un sector que representa el 2,1% del PIB y genera cerca de 310 mil empleos remunerados y voluntarios (CPPUC, 2018). Pero si en tiempos normales su sostenibilidad financiera es precaria, en el actual contexto se requiere de apoyos adicionales para que el sector pueda sortear la crisis y salir fortalecida de ella. El semanario inglés plantea también la necesidad de promover una cultura filantrópica y derribar las trabas burocráticas y legales que existen, donde un ejemplo destacado es Chile.

De hecho, quien quiera realizar una donación o levantar aportes en nuestro país debe recorrer 10 leyes y más de 60 normas para no errar en el intento. Constatará que la regla general es un impuesto a las donaciones que deben pagar organizaciones vinculadas a la salud o el medioambiente, o bien recorrer un engorroso camino de aprobación de proyectos si se trata de instituciones dedicadas a la cultura o la pobreza para poder contar con incentivos tributarios a la donación.

La práctica de legislaciones parciales ha resultado ser un enjambre legislativo, con una carga burocrática excesiva a organizaciones pequeñas, exclusiones de fines relevantes y costos procedimentales tanto para donantes como donatarias, que marcan una enorme distancia de los sistemas integrados, simples e inclusivos de los países de la OCDE en esta materia.

The Economist destaca la propuesta transversal de 16 centros de estudios de todo el espectro político, articulado por el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI, para proponer una Ley General de Donaciones. En base a 10 principios, la propuesta recoge un anhelo histórico de las organizaciones sociales de contar con un sistema integrado, simple e inclusivo, que permita democratizar y ampliar la base de donantes y fortalecer la transparencia del sistema. Una oportunidad para una recuperación sostenible e integral.