Jueces: la amenaza mexicana

José Miguel Aldunate

Los abogados somos asiduos a invocar principios abstractos: probidad, transparencia, democracia, Estado de derecho. Como si se tratara de palabras mágicas, nos encandila la ilusión de que su mera mención basta para conjurar los peores males institucionales. Después, nos quedamos satisfechos, mientras los problemas reales permanecen intactos.

Pero resulta que los enemigos de la institucionalidad también saben decir abracadabra. En México, la reforma judicial aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que establece la elección popular de jueces, se justificó invocando precisamente la ineficiencia, corrupción y déficit democrático del Poder Judicial. La recién asumida presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado este compromiso, redoblando esfuerzos para implementar el primer proceso electoral de los miembros del Poder Judicial.

“En un país donde el crimen organizado tiene una alarmante capacidad para corromper, un sistema judicial debilitado es un blanco fácil”.

Sin embargo, detrás de tan altos principios se esconden otras motivaciones. Es bien sabido que el Poder Judicial fue uno de los principales obstáculos a las políticas del Gobierno de López Obrador cuando estas intentaron sobrepasar los límites constitucionales. La “solución” planteada consiste en someter a votación un número tan alto de cargos judiciales que esimposible para los votantes conocer a los candidatos, quienes además tienen prohibido hacer campaña. En consecuencia, pocos dudan de que el Gobierno será el gran elector.

Este modelo socava la independencia judicial y otorga un poder desmedido al Ejecutivo. En derechos fundamentales, deja a los ciudadanos expuestos a abusos del poder central. En términos de certeza jurídica, abre la puerta a interpretaciones ideológicas en contratos y leyes civiles y comerciales, erosionando la confianza en el sistema legal. Y en un país como México, donde el crimen organizado tiene una alarmante capacidad para corromper o intimidar instituciones, un sistema judicial debilitado se convierte en un blanco fácil, especialmente en las regiones más vulnerables.

Mientras tanto, nuestro Poder Judicial enfrenta una de sus peores crisis en décadas, marcada por el escándalo del “caso audios” y la destitución de dos ministros de la Corte Suprema. Según el último índice del World Justice Project, la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial chileno en acceso a la justicia, eficacia, tiempos de tramitación, probidad e imparcialidad está en mínimos históricos y por debajo del promedio mundial.

En el Congreso Nacional, se debaten propuestas como la reforma procesal civil, la reforma al sistema de nombramientos y la reforma al sistema de notarios y conservadores. Todas, con sus luces y sombras, son propuestas razonables y orientadas a resolver problemas de fondo. Pero si estas iniciativas permanecen en el limbo legislativo, los problemas del Poder Judicial seguirán intactos, listos para ser utilizados como excusa por quienes, en nombre de la probidad y la democracia, busquen destruir la independencia judicial, tal como está ocurriendo en México.