El abandono de la imparcialidad

En este contexto, cuesta tomar el peso a las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema. Parece una escaramuza política más, armada para aprovechar la polémica y acaparar la atención. Sin embargo, tanto desde un punto de vista institucional como jurídico estamos ante hechos de la mayor relevancia, que requieren una mirada muy atenta.

“La imparcialidad garantiza que las decisiones se basen únicamente en el derecho y el mérito del proceso. Un juez que no es imparcial no merece ocupar su cargo”.

Institucionalmente hablando, la confianza en los tribunales de justicia estaba ya severamente dañada antes del “caso audios”. La reciente filtración ha exacerbado una crisis que podría haberse mitigado con reformas que el Gobierno aún no impulsa. Se ha hablado de la urgencia de modificar el sistema de nombramientos judiciales, una reforma en la que hay amplios consensos tanto en la izquierda como en la derecha, pero poco se ha hecho al respecto.

Tan preocupante como lo anterior es la falta de atención al sistema disciplinario: en el caso del juez Muñoz, la Corte Suprema no actuó durante más de un año, pese a que los hechos que fundamentan la acusación en su contra ya eran de conocimiento público. El reto ahora para el Presidente de la Corte Suprema es enorme: debe mantener el buen ambiente en una institución que atraviesa una tormenta ética sin precedentes, con una comisión que juzga a los propios ministros sin procedimientos claros ni sanciones bien definidas en la ley.

Jurídicamente, el abandono del deber de imparcialidad es la cuestión central en estas acusaciones. En la historia reciente, son escasos los antecedentes que puedan servir de guía para un caso de esta envergadura. Como señalaba el profesor Felipe Lizama en su intervención ante la Cámara de Diputados, los casos anteriores más bien establecen lo que no constituye un notable abandono de deberes: no se refiere a faltas menores, como llegar tarde al tribunal, ni a la fundamentación del contenido de los fallos, como se intentó en la acusación contra tres ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema en 2018.

Esta vez, sin embargo, los ministros están siendo acusados de violar el deber de imparcialidad, uno de los pilares más importantes que legitiman la autoridad de los jueces. La imparcialidad garantiza que las decisiones judiciales se basen únicamente en la aplicación del derecho y el mérito del proceso, sin agendas externas. Un juez que no es imparcial, simple y llanamente, no merece ocupar su cargo.

Si Vivanco, Muñoz o Matus merecen ser acusados por incumplir el estándar de imparcialidad es algo que deberán resolver los parlamentarios. Sin embargo, al tomar esta decisión, es crucial que comprendan que el deber presuntamente abandonado no es uno cualquiera. La imparcialidad es un principio central y especialmente sensible para la legitimidad del Poder Judicial. Su pérdida no solo afecta a los jueces involucrados, sino que socava la confianza en todo el sistema de justicia.