Inversión pública y crecimiento
Marcela Ruiz-Tagle O. Economista
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Marcela Ruiz-Tagle O.
Proyecciones recientes tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional ratifican una contracción de la actividad económica para el presente año y ajustan a la baja la estimación de crecimiento para 2024; lo que difiere de los supuestos utilizados por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Ley de Presupuestos del próximo año, que actualmente se discute en el Congreso. A las diferencias de expectativas se suman las advertencias del Consejo Fiscal Autómo, en particular respecto de la evolución de la deuda pública por sobre lo estimado.
La inversión pública es fundamental para impulsar el crecimiento económico y la generación de nuevos puestos de trabajo en escenarios contractivos de la inversión privada como el actual, acotando así la volatilidad de los mercados. Por ello era esperable que la Ley de Presupuestos vigente consignara incrementos significativos en la glosa de inversión del Ministerio de Obras Públicas.
“No obstante contar con un presupuesto históricamente alto, la cartera de proyectos a adjudicar presenta retrasos importantes”.
No obstante, su ejecución en los primeros tres trimestres del año se mantuvo por debajo de lo esperado. Licitaciones declaradas desiertas junto a un incremento en los plazos de adjudicación, fueron consecuencia, en parte, de no haber internalizado el efecto permanente del alza de costos de los proyectos de infraestructura ocurrido durante 2022. Para revertir lo anterior, la ministra Jessica López anunció una cartera de licitación de 550 proyectos, por un monto de $1,6 mil millones, a adjudicar entre los meses de octubre y diciembre del presente año, la que se compara favorablemente respecto a la cartera original y que contemplaba 738 iniciativas por un monto de $1,3 mil millones.
Una situación distinta y de tipo estructural se observa en el ámbito del desarrollo de proyectos de infraestructura pública de mayor envergadura, gestionados al alero de la Dirección de Concesiones. No obstante contar con un presupuesto históricamente alto, la cartera de proyectos a adjudicar presenta retrasos importantes. Mientras que los proyectos en desarrollo enfrentan solicitudes de modificación de contratos, requerimientos de permisos de obra o de evaluaciones de impacto ambiental adicionales, entre otras, afectando costos, plazos de término de las obras y el inicio de los servicios previstos; incrementando la probabilidad de discrepancias entre las partes y, con ello, el riesgo contractual del sistema.
A consecuencia de lo anterior, las dificultades para la materialización de la inversión pública han afectado a las empresas que conforman la cadena de suministros y a la generación de empleo directo en el sector. ¿Se debe esperar a que ocurra la mismo en 2024? El proyecto de Ley de Presupuestos 2024 plantea un incremento del 10,2% en la inversión del MOP, lo que si bien es necesario dado el escenario económico, no es suficiente para que incida efectivamente en el crecimiento.
Se requiere solucionar factores contractuales y operativos, que faciliten la ejecución de la inversión; la gestión y aprobación de evaluaciones ambientales antes de la licitación de proyectos por el mandante; y mecanismos de resolución de conflictos vinculantes para el Estado y los privados, acotando los riesgos y pasivos contingentes en la industria.
