¿Gastos comprometidos o presiones de gasto?

Eugenio Rivera

El ministro de Hacienda señaló el sábado que “sólo para este año hay unos US$ 1.500 millones en gastos comprometidos, que no están registrados en el Presupuesto”. Más aún, estos “gastos fuera de presupuesto” rondan los US$ 5.566 millones. Hay sin duda un problema terminológico pues “gastos comprometidos” son sólo los que están indicados en la Ley de Presupuesto. Se trata más bien de presiones de gasto. De hecho es la denominación que usa la DIPRES en el informe presentado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Tamaña confusión genera alarma pública y hace dudar de la capacidad ministerial para enfrentar los problemas sociales y políticos que se esconden bajo esa terminología.

En dicho informe, aun cuando desagregan las fuentes de esas presiones de gasto, se lo hace de una forma muy general: serían gastos no devengados ni ejecutados en el 2017, sobre ejecución de gasto en algunas partidas y proyectos de ley ingresados al Congreso, no provisionados. Dos tercios corresponden al déficit hospitalario del sector público de salud. Es conocida la situación de ese sector; sabemos de las dificultades para atender de forma oportuna a los afiliados al sistema, hay un esfuerzo por aumentar los recursos paralelo al mejoramiento de la gestión, ello en medio de la confrontación permanente entre la autoridad hacendaria y los trabajadores del sector público. Las definiciones presupuestarias que se hacen cada año, son desafiadas por el juego de presiones propias de un sector tan sensible. Ello viene ocurriendo desde hace 20 años. Los otros componentes, subsidios de incapacidad laboral y obligaciones no pagadas por las municipalidades, son de la misma naturaleza.

¿Cómo explicar este comportamiento del ministro?

Se ha insistido con razón en que los graves problemas que enfrenta el país en salud, en educación, en previsión, no permiten reducir los impuestos. Más bien, el país tiene que ir pensando cómo elevar la carga tributaria, pues el desarrollo implica mayores bienes públicos. Sebastián Piñera prometió reducir el impuesto de primera categoría y que se reintegraría el sistema tributario. Debido a los costos de recaudación que esas medidas implican se preguntó cómo se financiarían los mayores gastos en las áreas indicadas; la respuesta fue que se haría con el mayor crecimiento económico y con reasignación de gastos. Pasada la campaña, se ha sostenido que la eventual reforma tributaria será neutra desde el punto de vista de la recaudación. No es fácil compensar la pérdida de ingresos sin la aplicación de impuestos regresivos. En este contexto, es posible que frente a las presiones de gasto, esto es, las mayores erogaciones fiscales que demandará la ciudadanía, se esté discutiendo en el gobierno sobre la posibilidad efectiva de introducir las reformas indicadas. No es fácil compatibilizar la promesa electoral, importante para las grandes empresas que están pagando en torno a 1 punto del producto más en impuestos, y las demandas crecientes de gasto público.