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Alto contrasteFNE y nuevas herramientas para investigar carteles
Es habitual que en períodos de alta demanda de los servicios de transportes de pasajeros interurbanos...
Es habitual que en períodos de alta demanda de los servicios de transportes de pasajeros interurbanos, los consumidores de los mismos sufran ante las expresivas alzas de las tarifas que ofrecen los distintos actores del mercado.
Como todos sabemos, las quejas se multiplican en semana santa, feriados largos, fiestas patrias y en el verano, transformándose muchas de ellas en denuncias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las que terminaban en investigaciones que no arrojaban mayores resultados, pues era extraordinariamente difícil recabar algún antecedente serio que permitiera acreditar una conducta coordinada de los agentes económicos que intervienen en este mercado.
Sin embargo, las cosas han empezado a cambiar y para bien. El 1 de junio pasado, la FNE presentó dos requerimientos en contra de diversas empresas de buses, acusándolas de haberse puesto de acuerdo en la fijación de tarifas en determinadas rutas y de haberse coludido en la gestión de algunos terminales con el objeto de excluir a un competidor del mercado.
Al leer los hechos fundantes de los mismos, se aprecia que el resultado exitoso de las investigaciones practicadas por la FNE radica, en buena parte, en la prueba que ésta pudo obtener como consecuencia del ejercicio de las denominadas “facultades intrusivas”, introducidas en la última reforma aprobada el año 2009. En particular, al parecer resultó fundamental la interceptación de llamadas telefónicas entre ejecutivos claves de las compañías, y la colaboración que uno de los investigados prestó en la investigación, acogiéndose a los beneficios del programa de delación compensada. Como se puede apreciar, el esfuerzo e intenso trabajo que significó la tramitación de la Ley Nº 20.361 está dando frutos concretos.
Este caso junto con otros similares, está demostrando que la insistencia de la OCDE en que se incorporaran en Chile este tipo de herramientas en nuestra legislación era acertada, pese a algunos pronósticos más bien pesimistas, o al menos escépticos, de algunos sobre la eficacia de las mismas. De la misma manera y pese al poco tiempo de existencia de estas facultades, la experiencia está indicando que el uso de las mismas ha sido responsable y, por lo tanto, los temores de los agentes económicos de una verdadera invasión a su vida privada deberían ir disminuyendo, máxime si nuestro sistema contempla una serie de resguardos para proteger sus derechos y garantías, partiendo por una doble autorización judicial -del Tribunal de la Libre Competencia y ministro de Corte de Apelaciones-, razón por la cual será difícil que la FNE pueda cometer atropellos injustificados.
En la medida que estas facultades se ejerzan de manera prudente y prolija en mercados de alto impacto social, el país avanzará de manera apreciable en la protección de la libre competencia y con ello en el bienestar de los consumidores, pues es de todos sabido la gravedad y negativos efectos que tienen este tipo de prácticas para la buena salud de nuestro sistema económico.
