Viviendas: Nuevo impuesto para financiar Transantiago

Fernando Barros

En la reciente reforma tributaria de 2014 se puso término gradual al beneficio en favor de los adquirentes de viviendas de nivel medio, consistente en una rebaja parcial del crédito especial IVA y, adicionalmente, se gravó con este tributo todas las ventas de las inmobiliarias. A pesar que se aseguró que no afectaría a la clase media, los hechos demuestran que las viviendas, para ricos y pobres, han subido sus precios conforme se acerca la aplicación del nuevo impuesto.

Ahora se tramita una ley para que los proyectos inmobiliarios se hagan cargo de los impactos directos que ellos generan, pero éste ha sido “enriquecido” con aportes e indicaciones al punto que estamos próximos a comprometer gravemente el que los más pobres y la generalidad de los ciudadanos del mañana puedan adquirir una vivienda al crear un nuevo gravamen por hasta el 40% del avalúo fiscal de los terrenos en que se desee ejecutar un proyecto inmobiliario. Ello en adición al negativo efecto que esta iniciativa tendrá en la industria, en la coyuntura económica y en el aporte a la creación de empleos que representa.

La industria inmobiliaria acogió positivamente una iniciativa que, si bien implicaba mayores costos y, con ello, dificultaba las ventas, podía representar una contribución a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, mejora que, al incidir directamente en el área en la que se desarrollaban los nuevos proyectos, permitiría además un cambio relevante en la relación con la comunidad vecina, la que apreciaría la mejora del entorno asociada al nuevo desarrollo inmobiliario.

El voraz apetito de los amantes de lo estatal ha ido deformando la iniciativa y las mitigaciones directas han perdido, reclama la industria, la predictibilidad y proporcionalidad desde el momento que comprende obras y obligaciones a ser definidas por el “Seremi de Transportes con un valor económico y con plazos de ejecución y aprobación indeterminados”.

Agregan los desarrolladores que con la incorporación de las mitigaciones indirectas se hace recaer en la actividad inmobiliaria el costo del déficit histórico de inversión en infraestructura en zonas segregadas de la ciudad, ya que bajo el concepto de mitigaciones indirectas que consagra el proyecto, se grava las iniciativas con un impuesto que se invierte en zonas ajenas al proyecto mismo. Esta inquietud se transformó en espanto cuando el ministro de Transportes señaló públicamente que estos aportes se destinarían a la adquisición de buses para el Transantiago, con lo que los compradores de nuevas viviendas estarán obligados a contribuir con entre un 2% y hasta un 9% según cálculos más pesimistas, del precio de compra de su nueva vivienda a financiar obras ajenas al proyecto o la comuna donde se ejecutó.

Olvida la autoridad que la tendencia a la densificación de la ciudad lo ha sido en torno a la construcción de edificios en los sectores más cercanos a los centros de trabajo o estudio y con acceso a la movilización colectiva, lo que se traduce, por una parte, en un menor uso del automóvil particular y, por otra, en mejor calidad de vida para los ciudadanos que invierten en una vivienda cuya ubicación les significará menos tiempo de viajes.

Son los edificios en torno al metro o a las grandes vías los que permiten disminuir los largos traslados entre las áreas periféricas. Estos nuevos departamentos, en cuanto albergarán habitantes que se acercan a sus trabajos, representan un impacto indirecto muy inferior al de una casa construida en la periferia, cuyos habitantes deben recorrer grandes distancias a diario y, la mayoría, en el desastroso Transantiago.

Los argumentos vertidos en el proceso de discusión de este impuesto a las viviendas carecen de seriedad y fundamentos en términos que permitan diferenciar este gravamen de otra iniciativa más que, adornada debidamente, sólo busca recaudar recursos para cubrir los proyectos estatales, que si bien pueden ser muy legítimos, hacen recaer el peso de la solución aparentemente en una actividad económica como lo es la inmobiliaria, pero que, en definitiva, la pagarán los chilenos que aspiran a adquirir una vivienda, ya que son ellos los que deberán pagar este gravamen o ver postergados sus sueños.