No tan iguales

Fernando Barros

Un principio básico de la relación entre quienes somos chilenos es que somos todos iguales ante la ley y que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no hay personas ni grupos privilegiados. Ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias por la pertenencia a un grupo étnico, religioso u otra causa.

Las naciones como Chile se han conformado por la inmigración, primero con el poblamiento de América por los pueblos nómades, el desplazamiento entre los territorios de los pueblos originarios y la integración posterior entre los que habitaban estos territorios y, principalmente, los colonizadores españoles y otros inmigrantes europeos. A diferencia de otros territorios coloniales en los que se diezmó la población local, en Chile se produjo una integración de las distintas culturas que dio lugar al mestizaje y, en definitiva, a una convivencia pacífica en la nueva República por muchos años, entre los nacidos en Chile.

El proceso de reescribir la historia y juzgarla con los principios de hoy, el renegar de los procesos históricos que dieron vida a la actual comunidad de naciones y la estrategia de sectores ideológicos de promover conflictos y odiosidades entre los seres humanos como herramienta favorita, han generado la imposición de legislaciones universales a los países tercermundistas, como el Convenio 169 sobre pueblos originarios, que solo han ratificado una veintena de países, o leyes de privilegios basados en origen étnico, que han roto la convivencia nacional y dado lugar a que oportunistas y grupos políticos capturaran de la agenda indigenista, llevando a una creciente violencia y separación entre los chilenos.

Con la facilidad que al ser humano enceguecen el discurso de odio y la promesa de recuperación de riquezas presuntamente usurpadas, ha prendido la violencia de una minoría, vociferante y apoyada por extremos nacionales y foráneos, incluyendo el buenismo y el sentir culposo de antiguos imperios, y se ha desatado una escalada de usurpación de tierras, incendio y destrucción de inmuebles, vehículos, recintos comunitarios, escuelas, etc., para crear el terror con armas, amenazas y violencia descontrolada, en busca, además, de doblegar a autoridades políticas para que flaqueen a la hora de ejercer el mandato de preservar el orden público, imponer por la fuerza si fuere necesario la ley, y hacer cumplir las sentencias de los tribunales de justicia.

La Araucanía arde por actos de presión criminal, ante lo que se cree es un gobierno debilitado por las pandemias social y sanitaria que nos han azotado, exigiendo la excarcelación, entre otros, de quien cumple condena por el cobarde y horroroso homicidio de una pareja de ancianos que cayera asediada por forajidos que los superaban en armas y número, y a los que quemaron vivos por pertenecer a otra etnia, sin colaborar con la investigación ni mostrar hasta el día de hoy el más mínimo arrepentimiento.

La Corte Suprema ha reiterado que las condenas se ajustaron al debido proceso y a pruebas irrefutables sobre la culpabilidad del homicida. Sería una afrenta a la memoria del matrimonio martirizado y los miles que han sufrido la violencia en La Araucanía el que las autoridades se rindan y concedan más beneficios a este condenado que los que se dan a la generalidad de los reos.

Si Chile quiere iniciar el camino de la recuperación económica y la paz social, el gobierno debe dar señales claras de que no flaqueará en la defensa del Estado de Derecho.