Hipoteca inconstitucional

Fernando Barros

Como una pesadilla que no termina, y de la que no podemos escapar hasta que llegue el amanecer que la mayoría de los chilenos escogió para que rija nuestros destinos a partir del 11 de marzo próximo, el gobierno de la Nueva Mayoría va quedando atrás. Como ocurre en las tragedias, y cual estela de su gestión, queda el costo que, como siempre, pagarán los más desvalidos con el sacrificio, para ellos y sus hijos, de un desarrollo verdadero en el camino de lograr una educación de calidad, mejor atención de salud, seguridad en los hogares, las calles y en el trabajo, combate a la drogadicción y muchos sueños que durante los últimos cuatro años se postergaron en aras de revivir recetas derrotadas por la historia.

En una perfecta recreación de un novelesco Gran Hermano, la máquina de propaganda del régimen ha querido renegar de la evidencia empírica que surge de las últimas cuatro décadas y que nos muestra que el liderazgo en el desarrollo y la inédita superación de la pobreza lograda en Chile con el vilipendiado Modelo, no es sino el producto de la superación personal, de dejar de esperar el asistencialismo de los gobiernos y entender que el futuro está en nuestras manos, que surge del emprendimiento, de la inversión nacional y extranjera, de reglas claras en materia del derecho de propiedad, y de un verdadero Estado de Derecho con tribunales que se ciñan a la ley, libertad de enseñanza y crecimiento.

Se nos ha querido hacer creer que la prosperidad surge de los bonos marzo, y que el Estado tiene el derecho de prohibirnos escoger el lugar donde nuestros hijos puedan educarse mejor. Un mejor que obedezca a la visión que nosotros tenemos al interior de la familia sobre los valores más adecuados para nuestros hijos y no los que el funcionario del Ministerio de Educación, con el mérito de ser designado por el partido gobernante, quiera imponerles a nuestros hijos.

En un régimen democrático, la alternancia en el poder permite que se enmienden rumbos equivocados, aun cuando no puedan revertirse o deshacerse del todo los negativos efectos de los errores de los gobiernos anteriores, ya que para los pobres cuyos hijos pasaron buena parte de su educación en procesos refundacionales que se tomaron cuatro años armando estructuras educacionales a partir de negociaciones capturadas por los grupos de poder, el tiempo perdido no se recupera y una generación de estudiantes seguirá recibiendo más de lo mismo, incrementándose aún más las desigualdades respecto de los que sí han podido recibir educación de calidad.

Podría pensarse que el nuevo gobierno, con una posición clara respecto de la necesidad de enmendar la ruta en materia educacional, y elegido con el 55% de los votos, podrá desarrollar su programa de gobierno, asignar los recursos disponibles y orientar los esfuerzos de la administración pública conforme a la visión de los gobernantes que el pueblo eligió.

Nuestra tradición democrática y la Constitución política establecen que los gastos que se comprometan deben contar con financiamiento, de forma que los gobiernos no pueden determinar hoy el destino de ingresos futuros y eventuales, para imponer su visión de las prioridades nacionales por sobre el derecho de los gobiernos futuros a ejercer la administración de la nación.

No obstante, ello no ha sido así con el gobierno derrotado, cuya mayoría en el Congreso ha determinado que una política pública determinada pueda ser impuesta a los próximos gobiernos, hipotecando el crecimiento de los ingresos fiscales para, con prescindencia de las necesidades del país, obligar a destinar los recursos a dar un trato preferente a un sector privilegiado de la sociedad, como son los estudiantes universitarios, para que accedan a un servicio gratuito, sin obligación de reembolso o servicio al prójimo a futuro para que restituyan parte de lo que la sociedad les regaló, y sin sujeción al cumplimiento de un estándar mínimo de esfuerzo o resultados.

El país no puede sucumbir a los cantos de sirena de los derechos sociales y debe revertir una normativa inconstitucional que constituye un amarre antidemocrático y un grave atentado contra el derecho de un pueblo de alternar los gobiernos y, entre otras decisiones, cambiar las prioridades de la acción del Estado.