El mártir que no fue

Fernando Barros

Un duro golpe representó para nuestro sistema judicial y político la sentencia dictada por los ministros Balmaceda, Plaza y De la Barra, quienes conformaron la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar el fallo del ministro Alejandro Madrid. Este, en 16 años y en un entorno de inédita presión política, después de procesar por envenenamiento y figuras agravadas de homicidio, tuvo que aceptar que no existió tal y disminuyó su energía hasta concluir, con una confusa condena por una operación medica innecesaria, infracción de buenas prácticas médicas y, en definitiva, sin precisar cómo, que se trataría de un homicidio simple, el que habría sido cometido por un grupo de médicos, algunos amigos, correligionarios y de la confianza de la Familia Frei.

La contundencia del fallo de apelación es innegable y fruto de un trabajo responsable y prolijo de tres de los principales ministros, por trayectoria de mérito y capacidad, y destruye lo obrado por un Juez investigador, acusador y sentenciador, resabio del superado antiguo sistema penal.

El detallado análisis de los antecedentes del proceso por los sentenciadores de apelación los lleva a concluir que “No es que no esté probado, no hay homicidio”, dejando en evidencia que, nuevamente, nuestra judicatura no ha podido actuar como un poder independiente y abstraerse de las presiones de autoridades y personeros políticos. Estas llegaron incluso a frustrar la impecable carrera de un destacado magistrado por no resolver conforme a la historia dominante del magnicidio y del martirio, ya que les resultaba de menor categoría y frustrante que su líder hubiere fallecido por “complicaciones médicas” como le ocurre, lamentablemente, a muchos chilenos.

En nuestro país la historia oficial, crecientemente alejada de la verdad, nos ha permitido conocer muchos casos de falsos exonerados y perseguidos políticos y sufrientes de violencia del Estado que no lo fueron. Algunos buscaban beneficios económicos, y otros construir la historia del genocidio chileno y un relato de sobrevivencia para grupos políticos a los que ya no les queda nada de la ideología que los hacía gritar por una revolución con o sin apellido.

Pero en el caso de un ex Presidente que llegó al poder con una de las mayores votaciones del siglo pasado y que pudo gobernar a sus anchas, ¿se requiere para la valoración de su figura histórica su martirio por las fuerzas del mal? ¿Es necesario que sus seguidores y partido ejerzan presión descarada sobre la justicia para forzar una narrativa de su muerte que logre ensalzarlo después de su partida? ¿Es acaso insuficiente por sí solo el legado de su liderazgo?

¿Se quiere cubrir con un manto de olvido el apoyo decidido y jugado que dio al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y a la asunción del poder por la FFAA y de Orden en 1973? ¿O se quiere dejar atrás que bajo su gobierno se sembró el odio de clases como no conocía Chile, se impulsó una reforma agraria que impedía que una persona o familia fuera propietaria de un predio agrícola de más de 80, luego de 40 hectáreas, con expropiaciones sin pago que destruyeron la producción agrícola? ¿Que no hizo un solo propietario, cuando se decía que la tierra sería para el que la trabajaba?

Los verdaderos mártires en este caso son los inocentes que vivieron años sometidos a un injusto procesamiento y persecución política, y quienes fallecieron condenados con el estigma del asesinato de su paciente o amigo.