Estrategia Nacional del Litio: la lección de Qatar

Nicolás M. Perrone

Utilizar y administrar los recursos naturales para alcanzar el desarrollo sostenible es un desafío necesario, pero complejo. Muchos Estados lo intentan y pocos lo logran. Experiencias pasadas brindan lecciones relevantes para la Estrategia Nacional del Litio.

Una experiencia a ser analizada es la de Qatar. El caso es útil porque, como Chile, se trata de un país pequeño y rico en recursos naturales, que al independizarse se puso como objetivo ganar control sobre el gas y aumentar sus beneficios y la capacidad instalada. Qatar contaba con una ventaja en las negociaciones pues, también como Chile, es el dueño de los recursos naturales. Al terminarse las concesiones vigentes comenzó a usar distintos modelos de contratos de joint venture en los años 1980, utilizando también contratos de producción conjunta y de servicios.

“Más allá de la utilidad de los modelos asociativos de joint venture elaborados en Qatar, una lección de este caso para Chile y su política del litio es que no existe una fórmula mágica para la asociación público-privada”.

Para los años 2000 el mercado del gas de Qatar estaba altanamente desarrollado sobre la base de joint ventures entre Qatar Petroleum, la compañía estatal, con empresas como ExxonMobil, Total, Mitsui, Marubeni, Shell y ConocoPhillips. Al observar la evolución de estos contratos desde la década de los 80 se puede ver cómo Qatar se embarcó en un proceso de aumento del control sobre el gas.

No obstante, este proceso comenzó a ralentizarse cuando diversos indicadores mostraron que continuar incrementando el control era perjudicial para sus propios intereses. Así se fueron consolidando los modelos de joint ventures que hoy predominan. Fue un proceso de aprendizaje y de utilización de distintos modelos contractuales e institucionales.

Más allá de la utilidad de los modelos asociativos de joint venture elaborados en Qatar, una lección de este caso para Chile y su Estrategia Nacional del Litio es que no existe una formula “mágica” para la asociación público-privada. La viabilidad de estos proyectos depende de un diseño institucional que va más allá de decidir la distribución accionaria en estos joint ventures, sea 51-49% u otra. No se trata de que alguien controle el proyecto en todos los ámbitos, sino de distribuir el poder decisorio según los intereses, el conocimiento y los incentivos de cada actor involucrado.

El Estado tiene objetivos legítimos en determinar la tecnología a ser utilizada, la relación con las comunidades, y la posibilidad de agregar valor en el país. Los inversores privados tienen el interés razonable de recibir una retribución adecuada por su inversión en exploración, tecnología y organización. Aunque probablemente no todos los privados tengan estos intereses: algunos querrán recibir el precio internacional, mientras otros buscarán asegurarse la provisión de litio para su país de origen.

La clave es encontrar un modelo asociativo capaz de alinear estos intereses para que Estado e inversores cooperen y puedan cumplir sus metas. Ese es el desafío.