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Alto contrasteEn los últimos veinte años, Chile ha basado su crecimiento económico en la apertura comercial, la integración y en su capacidad exportadora. Por otro lado, es incuestionable que hoy en día los mercados internacionales son cada vez más exigentes e, incluso, en algunos países los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto si es que fue desarrollado en condiciones social y medioambientalmente responsables. Esto nos lleva a pensar que el tema del Desarrollo Sostenible y de la Responsabilidad Social Corporativa van a tomar un rol más relevante para seguir insertos en esta dinámica de apertura comercial.
Así también, las organizaciones cada vez tienen más internalizada la necesidad y los beneficios asociados a tener un comportamiento socialmente responsable, pues influye en su competitividad, imagen y percepción, y en su contribución a un desarrollo sostenible en el largo plazo.
En este desafío de conjugar el crecimiento económico con el cuidado por el medio ambiente y el bienestar social, el Estado tiene un potente rol de regulador, asegurador y promotor de que las normas de responsabilidad social (RS) sean cumplidas por los distintos grupos de interés. Éste debe ser capaz de establecer estándares legales mínimos respecto de las condiciones laborales, medioambientales, calidad de los productos o servicios, transparencia y corrupción, desarrollando así normativas acordes a estándares internacionales. Asimismo, respecto de la agenda de la RS, que va más allá del piso normativo, el Estado tiene el deber de promover las mejores prácticas en la materia para generar un mayor compromiso ético y, al mismo tiempo, aumentar el grado de conciencia de que esta disciplina ya ha pasado a ser un factor clave de competitividad internacional.
Chile cuenta con una serie de mecanismos internacionales que le permiten impulsar estas normativas, como por ejemplo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, cuyo Punto Nacional de Contacto (PNC) se encuentra en la Jefatura del Departamento OCDE de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Este es el único instrumento internacional de RS que cuenta con un mecanismo específico y obligatorio para los Estados suscriptores, destinado a recibir quejas o denuncias sobre el comportamiento de las empresas multinacionales. Si bien el cumplimiento de las Directrices por parte de las multinacionales es un compromiso voluntario, los gobiernos tienen una responsabilidad vinculante de que estas se ejecuten y en caso de recibir una denuncia debe pronunciarse frente al tema.
Dado el alto nivel de vinculación de Chile en el comercio mundial y el impacto que tiene el tema en la imagen y política exterior de un país, se hace cada vez más importante que el Estado vele e incentive un comportamiento socialmente responsable de las empresas y asuma un rol potente en la definición de una política estratégica de RS para nuestro país.
En este contexto, el recientemente constituido Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, cuya misión es asesorar al Ministro de Economía, va en la dirección correcta.
