Una propuesta para el impuesto a los combustibles

Erik Haindl

El impuesto a los combustibles fue instituido en Chile como un tributo temporal para enfrentar los gastos del terremoto de 1985. Como fue muy exitoso en términos de recaudación, fue mantenido y se transformó en uno de los impuestos más importantes de la estructura tributaria del país: en 2017 logró recaudar alrededor de 2.513 millones de dólares, lo que representa el equivalente al 0,91% del PIB.

No existe ninguna lógica económica, fuera de la necesidad de recaudar, que sustente este impuesto. Si el argumento es corregir las externalidades de la congestión vehicular, no se entiende que el impuesto se aplique igual en Santiago que en Coyhaique, o en otras zonas rurales con bajo parque vehicular. Si el argumento fuera por contaminación, tampoco hay ninguna simetría entre gravar la contaminación que producen los autos con no gravar la contaminación de las chimeneas de las fábricas.

Se propone dar una lógica económica a este impuesto convirtiéndolo en un tributo a la circulación de vehículos. En las concesiones, los usuarios pagan la infraestructura vial que están utilizando mediante peajes. Sin embargo, el país tiene más de 80 mil kilómetros de vías interurbanas que hay que mantener y reponer. Si se toma lo que el Estado gasta anualmente en mantener las carreteras y la infraestructura vial en general, tanto por el MOP, como por el MINVU, y los Municipios, se llega a una cifra que se acerca a este monto recaudado.

La propuesta es que con el impuesto a los combustibles, más el impuesto a las patentes de los vehículos, se recaude lo suficiente para mantener y reponer la infraestructura vial que no está concesionada. Como el gasto en combustible es aproximadamente proporcional a los kilómetros recorridos, el impuesto a los combustibles puede visualizarse como un “user fee” que permite financiar el gasto del Estado en proporcionar una adecuada infraestructura vial.

Una consecuencia de este enfoque es que no habría ninguna razón para distinguir y separar el impuesto al diésel de las gasolinas. ¡Ambos deberían pagar lo mismo! Si se mantiene la recaudación, se podría reducir el precio a público de las gasolinas en alrededor de 12%. También debería imponerse este gravamen sobre el gas que utilizan los autos que circulan con esta modalidad, así como los futuros autos eléctricos. Esto impediría que la recaudación de este impuesto se derrumbe cuando se electrifique el parque automotriz futuro.

Otra medida útil sería establecer un impuesto convolucionado entre el impuesto a los combustibles y el IVA sobre éstos. Se debería reducir todo a un impuesto específico equivalente, que no se altere con cambios en los precios del petróleo. Ello permitiría amortiguar las alzas del precio internacional de los combustibles, sin necesidad de recurrir al MEPCO.