Enfrentando la sequía: gestión de aguas al debe

Pedro Pablo Ballivian S.

El Gobierno anunció recientemente que limitará el uso de los derechos de aprovechamiento de aguas en la Región de Valparaíso, con el objeto de evitar el racionamiento de agua potable en la zona. Se trata de una potente señal de alerta que, junto con el racionamiento eléctrico, probablemente serán las primeras medidas similares en este grave contexto de escasez hídrica.

Esta situación, que va de mal en peor, nos lleva a preguntarnos qué se ha hecho para evitar esta crisis y revisar dónde se han concentrado los esfuerzos. Hasta ahora, se han centrado en discutir la modificación al Código de Aguas, que desde el año 2011 se tramita en el Congreso. Considerando que apenas un 3% del agua disponible es dulce (y la gran mayoría de esta no se puede utilizar por encontrarse en glaciares), cuesta entender que el foco de la discusión siga ahí, en vez de enfocarse en el porcentaje restante (97% ) que corresponde a agua de mar o bien en que ese 3% sea reutilizado una y otra vez.

Tras 10 años de tramitación, lo medular de la reforma al Código es el cambio del sistema de aguas para nuevos derechos de aprovechamiento, que ya no se pueden constituir en gran parte del país, y la regulación de los derechos existentes, lo que resulta insuficiente para abordar la crisis hídrica que vivimos si no se acompaña de otras medidas.

Es necesario implementar una política pública integral respecto de las aguas, que incluir una gestión integrada de cuencas y reservas de aguas subterráneas, un adecuado manejo de ellos, el reúso y la desalinización.

Respecto del reúso, desde 2017 se encuentra vigente una ley que regula las aguas grises, cuya implementación sigue pendiente porque falta que se dicte su reglamento. Cuando llegue el momento de aplicar esta normativa estará obsoleta, ya que restringe la posibilidad de reúso de aguas grises solo para algunos destinos, lo cual hoy resulta insuficiente. Adicionalmente hace más de 10 años se discute entre agricultores y empresas sanitarias la posibilidad de reutilizar las aguas servidas tratadas por éstas últimas. Sin embargo, la falta de claridad legal ha impedido el reúso de estas aguas, las que en Chile son 100% tratadas.

En este escenario, la desalinización de agua de mar se instala como una gran alternativa, por buenas razones: Chile cuenta con 4.300 kilómetros de costa; se trata de una tecnología disponible; existe energía limpia y accesible para su operación, se pueden utilizar infraestructuras existentes en desuso y se enmarca en el desarrollo sostenible del país. Sin duda, es una fuente que debe ser promovida, utilizada y debidamente regulada.

Es momento que el Gobierno (actual y futuro) le dé la necesidad prioridad y urgencia a este asunto, de tal manera que se tomen las medidas efectivas y adecuadas para administrar, gestionar, proveer y suministrar aguas para todos y cada uno de los posibles usos de este elemento vital. Debemos actuar ya, y de manera concreta, antes de que sea demasiado tarde.