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Alto contrasteEl valor de la imagen de Chile
En los tres últimos meses hemos sido testigos de acontecimientos a los que no estábamos acostumbrados...
En los tres últimos meses hemos sido testigos de acontecimientos a los que no estábamos acostumbrados. Las demandas de reforma a la educación en las marchas estudiantiles y el paro de dos días convocado por la CUT son una muestra de un fenómeno que ha emergido. La violencia de grupos ajenos a la causa ha mostrado niveles complejos de agresividad siendo preocupantes las faltas de respeto a principios fundamentales de la convivencia pacífica y de la forma como canalizar demandas.
Los movimientos sociales que se han expresado tienen varios fundamentos que explican su actuar. Lo paradojal es que hayan sido ellos quienes pusieran en la agenda temas que deberían haber sido detectados y asumidos por la clase política, la que tuvo que esperar lo sucedido en las calles, para debatir viejos problemas irresueltos.
Es en este último punto donde radica un tema que debe enfrentarse. En un país democrático corresponde a los poderes del Estado asumir responsablemente la búsqueda de respuestas que implementen la solución de los problemas de la sociedad. Resulta peligroso transferir esas responsabilidades -que son de plena competencia de quienes gobiernan o legislan- a colectivos vía plebiscitos o presiones que no constituyen la fórmula propia de un sistema democrático maduro.
Una situación como la descrita no le hace bien a Chile. Ello nos afecta a nivel interno y también en nuestra imagen internacional.
Lejos de asustarnos porque han salido a la luz pública viejos problemas que requieren nuevas soluciones, es una oportunidad para perfeccionar nuestra democracia, fortalecer nuestra institucionalidad y reforzar los activos que hemos construido.
Si lo hacemos el país se verá fortalecido. Por el contrario, de fracasar, sufriremos el deterioro de aquello que se nos reconoce como atributos positivos. Nuestro país al ser una economía abierta al mundo, además de cohesión interna, necesita dar confianza a los socios con los cuales interactuamos.
El índice de gobernanza mundial sitúa a Chile en el primer lugar de América Latina, teniendo buenos resultados en los indicadores de accountability, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad de la regulación, estado de Derecho y control de la corrupción. Constituye un desafío mantener y acrecentar esas cualidades que nos hacen proyectar la imagen que ostentamos.
Nuestro país y sus instituciones son confiables y deben seguir siéndolo. Las empresas y los chilenos son valorados porque esas variables nos distinguen como un país serio. Somos una sociedad que ha sabido dirimir sus conflictos y lograr consensos. La certeza jurídica y una economía que brinda oportunidades permiten invertir y hacer negocios donde hay espacios para nuevos emprendimientos que deberían alcanzar ahora a empresas medianas y pequeñas.
Los últimos acontecimientos han llevado a que países, dentro y fuera de la región miren con cautela si dichos activos se han deteriorado o peligran. Es por eso que resulta del todo necesario encontrar una fórmula virtuosa que logre satisfacer las demandas de actores sociales que han colocado en la agenda temas de compleja solución. Sin embargo, hacerlo exige al mismo tiempo cautelar la esencia de una institucionalidad que nos ha permitido posicionarnos como una democracia estable con instituciones sólidas y un sistema económico que brinda seguridades a la inversión y permite ser competitivos.
Es el momento para que los políticos y los legítimos representantes de sectores que han expresado sus aspiraciones pasen de las denuncias, demandas, recriminaciones y desconfianzas a las soluciones.
Hacerlo, exige cuidar todo aquello que el país ha construido. Deberíamos perfeccionar lo que nos ha permitido alcanzar el nivel en que estamos y cambiar lo que sea conducente para abordar legítimas necesidades que requieren de urgente solución, desterrando violencia y presión que resultan además de ilegítimas, atentatorias con nuestra imagen.
