El riesgo de las mordazas

Felipe Schwember

La ministra Camila Vallejo ha manifestado una honda preocupación por el problema de la desinformación y de los bulos, o “fake news”. Esa preocupación revela, es de suponer, un cambio de postura con respecto al uso político de la mentira. Si ese es el caso, no queda más que celebrarlo.

Sin embargo, sus recientes declaraciones no alientan, precisamente, las esperanzas. Más allá de algunas exhortaciones triviales y de buen tono, acerca de la veracidad y el pluralismo, sus dichos se mantienen en un terreno resbaladizo: son suficientemente generales como para conjurar la posibilidad de críticas directas, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente ambiguos como para no descartar inequívocamente medidas encaminadas, si no a controlar los medios, sí al menos a ponerlos bajo presión. En esto no hay que ser ingenuos: el valor de la veracidad y del pluralismo pueden ser esgrimidos para tratar de amagarlos o suprimirlos.

“La desinformación daña la democracia. Sin embargo, no todas las amenazas o peligros para la democracia pueden ser evitados o contenidos mediante intervenciones de la autoridad política. Es bueno recordárselo a la ministra Vallejo”.

La desinformación daña la democracia. Declaraciones relativamente recientes de la misma ministra Vallejo ofrecen una prueba de ello. Sin embargo, no todas las amenazas o peligros para la democracia pueden ser evitados o contenidos mediante intervenciones de la autoridad política. Ello, de hecho, puede ser contraproducente.

Pensemos, por ejemplo, en la actitud y las conductas de una oposición sistemáticamente desleal. Dichas actitudes y conductas son contrarias a la estabilidad de las instituciones democráticas. Son contrarias además a la amistad cívica en la que dichas instituciones descansan. Lo mismo ocurre, por cierto, con el peligro que entrañan los proyectos políticos que promueven la revolución, incluso contra sistemas políticos en los que impera la legalidad democrática.

Todas estas cosas son dañinas para la salud democrática. ¿Hay que prohibirlas? No. Tampoco hay que instaurar alguna forma de control legal o administrativo para impedir su ocurrencia. Eso sería contraproducente, amén de exponer peligrosamente los derechos y libertades que una sociedad democrática se esfuerza por asegurar. Respecto de conductas, ideas o disposiciones sólo cabe la persuasión, la denuncia y la defensa de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía.

Y al Gobierno solo le cabe la paciencia, pues no es árbitro de la verdad de ningún tipo: ni científica, ni moral ni religiosa, ni política. Es garante, sí, en conjunto con la ciudadanía y todo el resto de los poderes del Estado, de la democracia. Y esto quiere decir “el cumplimiento de las reglas formales de la democracia”, no el cumplimiento de las dimensiones “sustantivas”, que entrañan los riesgos ya señalados.

Es importante para la ciudadanía no olvidar todo esto y es importante recordárselo a la ministra, no porque ella haya dicho (aún) que se debe intervenir los medios o controlar su contenido, sino porque ha contribuido al deterioro de la democracia: participó activamente de una oposición destituyente y ha difundido repetidamente bulos de distinto tipo. Dado, además, el extenso y tristemente célebre prontuario del Partido Comunista en materia de libertad de expresión y otros derechos fundamentales, no está de más tenerlo en cuenta.