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Alto contraste
Esta semana el gobierno dio a conocer las bases del denominado Pacto Fiscal Para El Desarrollo, que corresponde a un nuevo intento por sacar adelante su iniciativa de reforma tributaria, cuya idea de legislar rechazó la Cámara de Diputados en marzo último.
Se señala que, a pesar de la “elevada frecuencia” de reformas tributarias, que han incrementado la tasa del impuesto corporativo de primera categoría del 10% al 27% y la tasa marginal de las personas al 44,45%, amén del alza de otros tributos y sobretasas a los bienes raíces, no habría una recaudación suficiente para cubrir las “presiones sistemáticas de gasto”.
“Al optar por incrementar la carga tributaria sobre las personas y exigir más a los empresarios locales, el Gobierno acentúa un entorno político, regulatorio y tributario que desincentiva el emprendimiento, la inversión y la creación de riqueza y empleos formales”.
Como parte inmediata de la pretendida nueva reforma se anuncia una normativa legal sobre evasión y elusión para la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, proyecto de ley que enfrentará un problema de constitucionalidad, ya que, conforme al artículo 68 de la Constitución Política, las materias incluidas en una iniciativa de ley rechazada no pueden reponerse hasta un año después de su rechazo, para lo cual, por aplicación del artículo 23 de la ley orgánica del Congreso Nacional, debemos estar a sus ideas matrices o fundamentales consideradas en su mensaje. Resulta evidente, entonces, que versará sobre la materia que ya fue incluida en la iniciativa rechazada, quedando para su discusión en el Congreso a partir de marzo próximo.
El carácter de pacto que tendría lo anunciado dista de ser el resultado de un consenso o acuerdo, ya que quienes participaron en algunas de las reuniones que sostuvo la autoridad han evidenciado que, tal como sucediera en la tramitación original de la propuesta de reforma, sólo se escuchó lo que era consistente con su plan. Esto incluyó, por ejemplo, nuevamente, la discusión del ámbito en que se resolvería lo relativo a la elusión, -sede judicial o por el mismo SII- lo relativo al denunciante anónimo y el incremento de los impuestos a la renta, siguiendo así adelante sus diálogos sólo con los que no se oponían.
Y no se trataba de una oposición infundada, ya que en un completo trabajo presentado a Hacienda hace algunas semanas por las organizaciones gremiales empresariales, se demostró que las últimas iniciativas del gobierno (40 horas, 6% cotización adicional de cargo del empleador, Royalty Minero), en su conjunto, ya representaban una mayor carga para las empresas cercana al 4% del PIB Sin considerar el efecto que tendrán en las empresas, y en especial las PYME, los anuncios de extender la exigibilidad de sala cuna para empresas con menos de 20 trabajadoras y la contribución adicional a los empleadores que ahora se contempla para financiar la anunciada sala cuna universal.
La economía chilena ha caído cinco meses consecutivos, su tasa de crecimiento ha sido muy pobre por una década y el ahorro y la inversión presentan niveles insuficientes para que el país pueda retomar la senda del progreso y, con ello, dar lugar a una mayor recaudación tributaria.
Al optar por incrementar la carga tributaria sobre las personas, en que el 75% no paga impuestos y los contribuyentes de mayores ingresos ya están afectos a tasas marginales en el nivel superior de los comparables internacionales, y exigir más a los empresarios locales, afectos a tasas sobre el promedio de la OCDE y, perjudicados respecto del inversionista extranjero, el gobierno acentúa un entorno político, regulatorio y tributario que desincentiva el emprendimiento, la necesaria inversión y la creación de riqueza y empleos formales.
