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Alto contrasteHace unas semanas se detuvo a un hacker en Grecia acusado de adquirir datos de aproximadamente el 83% de la población de su país. Se encontraron millones de archivos con información personal, direcciones, datos de tarjetas de crédito, entre otros.
¿Qué pasaría si en Chile nos encontráramos frente a la misma situación? La respuesta podría llegar a sorprendernos…
Nuestra ley de delitos informáticos sería de muy poca utilidad. Publicada el año 1993, lamentablemente no recoge por ejemplo conductas relacionadas con mero hacking de una página web, la obtención indebida de información bancaria o phishing, el fraude informático o la divulgación de un virus. En nuestro país tampoco se sanciona en forma expresa el “robo” de datos, sin perjuicio de la existencia del delito de espionaje informático y de la protección indirecta que se podría obtener a través de la Ley 17.336 de propiedad intelectual, respecto de las compilaciones de datos per se (no así los datos individualmente considerados).
Por otro lado, si bien la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal consagra el “habeas data”, en virtud del cual el titular afectado puede solicitar la modificación o eliminación de sus datos personales indebidamente tratados, para ello debe presentar una acción ante un juez civil -con todo lo que ello implica- a fin de lograr este objetivo.
En este escenario, eventualmente se podría sancionar a esta persona únicamente por una ley especial publicada el año 2005 que sanciona el uso, venta, distribución o negociación de los datos de posibles tarjetas de crédito o débito, normativa que no contempla figuras delictivas informáticas propiamente tales.
Una de las posibles soluciones a este problema pasa por la aprobación del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el cual regula todas las aristas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia en materia penal, procesal penal y de cooperación internacional. Chile, lamentablemente, no ha ratificado este importante tratado.
En definitiva, en el contexto de un mundo interconectado donde la delincuencia cometida por medios tecnológicos no conoce fronteras, parece prudente reforzar nuestra legislación. De lo contrario, lo más probable es que nos topemos prontamente con varios “hacker griegos” de visita en Chile.
