Ecosistema financiero: ¿herramienta contra el crimen organizado?

LEOPOLDO ASTUDILLO

Vivimos tiempos que nos desafían como sociedad, ya que el crimen organizado y la delincuencia han tomado ribetes nunca antes vistos en la historia de nuestro país. En este contexto, surgen muchas iniciativas y campos de acción; que van desde el orden legislativo, la operación de las policías, el rol de la regulación y fiscalización, hasta los métodos de inteligencia que se requieren aplicar para desarticular las organizaciones delictivas. En definitiva, la problemática y las soluciones a aplicar son de carácter sistémico, y requieren altos niveles de orquestación.

En este sentido, entendemos que el ámbito financiero es una de las aristas vitales en esta lucha; donde es posible identificar un “Ecosistema” en el cual conviven diversos actores, y cuyos aportes nutren un ciclo virtuoso. Estos son: Gobierno, legisladores, fiscalías, reguladores-fiscalizadores (unidad de análisis financiero - UAF), auditores y consultores, software de compliance, y sujetos obligados.

“Fintech, corredoras, automotoras, inmobiliarias y otros tienen el desafío de implementar un modelo de compliance que permita monitorear operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”.

El Gobierno, definiendo presupuesto y estrategias de acción; los legisladores, robusteciendo cada vez más las leyes y facultades de fiscalización (poder de acción de la UAF); los reguladores y fiscalías ejerciendo sus facultades en forma efectiva y aplicando inteligencia financiera; los auditores apoyando a las organizaciones a implementar prácticas de control; los softwares de monitoreo como soporte para controlar en forma eficiente las operaciones; y finalmente los sujetos obligados.

Estos últimos representan la piedra angular del sistema, y son un listado extenso de organizaciones definidas por la Ley 19.913, cuya actividad requiere monitoreo; a las cuales le aplica la regulación referida a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, emitida por la UAF. Estos van desde organizaciones financieras tradicionales como bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos; hasta por ejemplo corredores de propiedades y la reciente incorporación (en proyecto de ley) de las automotoras.

Dicha regulación se sintetiza en dos aspectos fundamentales: primero, mantener un conocimiento permanente de los clientes con los cuales se opera, y luego identificar y reportar potenciales transacciones sospechosas en las relaciones comerciales de la empresa.

En el caso de aquellos sujetos obligados menos maduros (Fintech, corredoras, automotoras, inmobiliarias, etc.), tienen el desafío de implementar desde cero un modelo de compliance que permita monitorear operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En este punto puede estar una de las claves del éxito, ya que probablemente organizaciones menos formalizadas tengan mayores riesgos de ser utilizadas como vehículo de lavado de activos. Por lo tanto, potenciar su inclusión al estándar regulatorio debería ser una de las prioridades actuales; y es lo que podemos denominar “Inclusión al Compliance”.

Si bien, el correcto funcionamiento de este ecosistema puede ser visto como un deber ser, o un deseable, hoy resulta perentorio que funcione como tal y sea potenciado, considerando el aporte de cada uno de sus componentes. Sólo de esta forma lograremos cerrar la puerta financiera que representa el combustible para las bandas de crimen organizado.