Derechos de agua: pierde el pequeño agricultor

Agustín Walker

Las disposiciones transitorias del proyecto de nueva Constitución establecen que, desde su entrada en vigencia, todos los derechos de agua otorgados con anterioridad pasarán a ser autorizaciones de uso. Agrega que no se podrán vender, ni tampoco celebrar ningún acto jurídico que implique su ejercicio por parte de un tercero distinto a su titular, salvo que sea para satisfacer el derecho humano al agua o el saneamiento y siempre previa autorización del Estado.

La Convención buscó sacar el agua del mercado y centralizar su distribución en el Estado, de manera de poder limitar el uso de quienes tienen mucha y redistribuirla a quienes la necesitan, pero que no tienen los recursos para adquirirla.

“La nueva Constitución termina perjudicando a quienes pretende ayudar, desmejorando su situación frente a los grandes agricultores, quienes quedarán en un escenario perfecto para comprar más tierras”.

Sin embargo, las empresas y quienes tengan más recursos podrán sortear fácilmente la disposición. Una opción simple es aportar los derechos a nuevas sociedades antes de que entre en vigencia la nueva Constitución, para luego traspasar las sociedades, en vez de las autorizaciones de uso. Otra alternativa, y que puede implementarse incluso después de la entrada en vigencia, es dividir la sociedad propietaria, para luego transferir aquella resultante a la que quedaron asignadas las autorizaciones de uso de agua.

¿Pero qué pasará con aquellos pequeños agricultores que no tiene abogado, que no actúan a través de sociedades y que difícilmente leerán esta columna? Para ellos, malas noticias.

Quien tenga agua en exceso no podrá venderla ni arrendarla.

Quien tenga tierra y no agua, no podrá explotarla, pues solamente podrá acceder a agua solicitándola al Estado, trámite que puede demorar años y que en muchos casos terminará en una respuesta negativa por parte de la autoridad, considerando que gran parte de la zona norte y centro sur de Chile se encuentra con prohibición de otorgamiento de nuevos derechos.

Nadie que no tenga agua comprará tierra si no tiene el agua necesaria para su riego, lo que disminuirá considerablemente el valor de la tierra cultivable.

Aquellos que, por necesidad, tengan que vender sus tierras, no sólo recibirán menos por ellas, sino que quedarán con autorizaciones de agua que no podrán usarse, no tendrán ningún valor y que, además, serán consideradas por la DGA en el balance hídrico, limitando el otorgamiento de nuevas autorizaciones de uso.

Me preguntó entonces, ¿a quién terminará beneficiando esta reforma? ¿Quién se ve favorecido cuando el agricultor chico tiene problemas y hay una baja de precio de la pequeña propiedad agrícola?

La nueva Constitución termina perjudicando a quienes pretende ayudar, desmejorando su situación frente a los grandes agricultores, quienes quedarán en un escenario perfecto para comprar más tierras. Allende no estaría muy contento viendo cómo se revierte su reforma agraria.