Del Rechazo al A Favor

Fernando Barros Tocornal

Con el envío por el Consejo Constitucional del proyecto de Constitución Política de la República de Chile a la Comisión Experta, entra en su etapa final el proceso constitucional iniciado luego del aplastante rechazo plebiscitario del 4/09 a la propuesta refundacional que generó la Convención Constituyente surgida de la escalada violentista del 18/10.

En dicho plebiscito y los posteriores acuerdos políticos y elección de consejeros, los chilenos rechazaron la ruptura con los valores patrios y la unidad nacional e igualdad ante la ley que suponía el anterior proyecto, y se pronunciaron mayoritariamente por buscar una carta fundamental que tomara todo lo bueno de su historia constitucional y política, y que priorizara el valor superior de la persona humana y su seguridad, el desarrollo económico y social, y el imperio del Estado de derecho.

“A diferencia del texto rechazado en 2022, el nuevo proyecto constitucional es consistente con el mandato que el pueblo de Chile dio a los consejeros, para que sea una carta que permita que el país modernice sus instituciones”.

En su trabajo el Consejo Constitucional se ha sujetado estrictamente a los bordes acordados por una amplia mayoría del mundo político -no se ha presentado un solo reclamo de su vulneración ante la instancia creada al efecto- y ha actuado con seriedad y sin estridencias bajo la acertada dirección de su mesa.

En parte importante de las enmiendas introducidas a la propuesta de la Comisión Experta se ha logrado la unanimidad o una amplia votación transversal, reduciéndose la aprobación solo por los consejeros representantes de la mayoría del electorado a aspectos de larga data en nuestra tradición constitucional y otros que estuvieron presentes en el debate sobre el anterior proyecto. También, se han considerado normas para mejorar el funcionamiento del poder judicial, la gobernabilidad del país y la representatividad de los partidos políticos, junto con un necesario complemento de la libertad económica, del derecho de propiedad o del derecho a la vivienda, como ocurre con un concepto amplio de la propiedad e inviolabilidad del inmueble que constituya el hogar familiar, excluyéndolo de todo gravamen o carga impositiva.

A diferencia del rechazado proyecto que pretendió arrasar con la tradición, derechos e instituciones republicanas -que sí era una carta partisana ajena a la idea de un Chile libre y moderno-, el nuevo proyecto en su estado actual es consistente con el mandato que el pueblo de Chile dio a los consejeros, en orden a que sea una carta que permita que el país modernice sus instituciones, asegure a las personas sus derechos fundamentales y comprometa la acción oportuna, justa y racional del Estado en pro del bienestar de las personas y su entorno.

Una fuerte acción comunicacional han desarrollado sectores que en su momento llamaban a aprobar el fracasado proyecto refundacional, imputando a este Consejo los males en que ellos sí incurrieron.

Quienes se suman a las críticas parecen querer cerrar el tema constitucional a cualquier costo o privilegiar otras agendas, sin considerar que la Constitución que se apruebe nos regirá, y protegerá los aspectos esenciales de nuestra vida, por décadas. Creen, erróneamente, que la eliminación de aspectos accidentales y opinables del proyecto hará cambiar de postura a los que sólo se conformarán con una Constitución que refunde Chile y, en definitiva, someta a las personas al Estado.

El gran movimiento social que dio lugar al triunfo de las ideas de la libertad expresadas claramente el 4/09 no puede ser traicionado y estamos obligados a que surja un proyecto de Constitución que esté inspirado en esos valores y sea aprobado mayoritariamente en diciembre.