¿Cuál es la agenda legislativa que avanza?

José Riquelme

La inesperadamente amplia victoria de los republicanos en la lección del Consejo Constitucional, han planteado distintos actores, debiera ser un incentivo a que el Gobierno -en aras de lograr consensos de ahora en adelante- modere su agenda de reformas, que incluye cambios radicales en temas como impuestos, pensiones y salud.

Pero al parecer estos conceptos carecen de la fuerza suficiente para convencer al jefe de bancada de diputados del PC, quien sostuvo hace pocos días que la “exigencia de moderación quedó desfondada”, o a Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social, quien señaló que no es posible abandonar “nuestro propio programa, nuestras propias ideas”.

“Si el Gobierno quiere seguir mostrando logros legislativos como los que ya ha obtenido en el Congreso, debe apuntar más hacia la moderación y gradualidad que incomodan al PC y al FA”.

La administración de la actividad legislativa de un Gobierno es una tarea enorme y desafiante. Por una parte, se debe actuar en sintonía con las prioridades de la ciudadanía. Por la otra, es importante tener a la vista el programa de gobierno que se le ofreció a los electores, porque constituye el compromiso de quien fue elegido para gobernar. Con todo, es un compromiso que debe saber adaptarse de acuerdo a la realidad.

Tal y como decía el exdiputado Pepe Auth, “el Ejecutivo habla a través de sus urgencias”, y por lo mismo, desde una perspectiva política, el Gobierno habla a través del avance de su agenda legislativa; la misma que el presidente Boric relevará próximamente en la primera cuenta pública que corresponde de forma íntegra a la administración que lidera.

Sin duda alguna, el proyecto de ley conocido como 40 horas y el de royalty a la minería son triunfos para el Ejecutivo. Pero lo son, porque el Gobierno supo adaptarlos en forma y fondo. En forma, porque el primero constituía un serio riesgo para el mercado laboral al introducir un cambio drástico sin ninguna otra consideración. Pero se modificó el proyecto, se introdujeron características de flexibilidad y se planteó una aplicación gradual.

La segunda iniciativa, el royalty a la minería, comenzó como un proyecto inconstitucional, porque invadía de manera flagrante la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de tributos. El proyecto avanzó en el Senado sobre la base de la teoría de que la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo saneaba el “pecado de origen” (un criterio parecido en materia constitucional nos habría ahorrado mucho tiempo como país), y con un diseño distinto y tasas más bajas, el Congreso despachó la iniciativa.

Flexibilidad y adaptación. Ideas fundamentales para avanzar. Y en materia legislativa ha quedado claro que la agenda que avanza es, justamente, aquella que se ha mantenido lejos de las ideas radicales (que se oponen a la moderación), aquella distante al corazón del programa.

Varios de los proyectos de ley que han avanzado en el Congreso durante este Gobierno comenzaron en administraciones anteriores, como la ley de Datos Personales, que comenzó en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, la deuda consolidada y la ley Fintech, ambos proyectos ingresados durante el segundo mandato del Presidente Piñera y despachados durante esta legislatura.

Por supuesto que el Gobierno también cuenta con triunfos propios, como los ya señalados, pero también el avance del proyecto de resiliencia financiera que pasó al Senado o la ley que creó el Bolsillo familiar electrónico. Pero estas dos últimas iniciativas no estaban en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad.

Si el Gobierno quiere seguir mostrando logros legislativos como los que ya ha tenido en el Congreso, debe apuntar más hacia esa moderación y gradualidad que incomodan al PC y al FA.