El primer día hábil del próximo año los más de 235 mil jóvenes que rindieron la PSU (otros 37 mil se inscribieron pero no se presentaron) conocerán sus resultados, y con ellos deberán definir qué y dónde estudiar entre las ofertas de las 60 universidades y más de un centenar de institutos profesionales y centros de formación técnica, que en 2012 ofrecieron en conjunto una matrícula para primer año de más de 320 mil cupos.
Todo esto en medio de la profunda crisis de confianza que afecta al sistema de acreditación de las instituciones de educación superior. El escándalo de los sobornos en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema, generando un manto de duda respecto a la real calidad de algunas instituciones y la manera en que obtuvieron su acreditación.
Cabe señalar que el proceso de acreditación ya había dado señales de fragilidad y falta de transparencia que lamentablemente no fueron debida y oportunamente atendidas. Por ejemplo, funcionarios que participaban en la acreditación y que posteriormente eran contratados por la institución evaluada (ver Transparencia en la Educación Superior, DF 08/10/2009). Además, el que la acreditación se entregara por períodos variables de dos a siete años resultaba muy confuso para la gran mayoría de la población, reduciendo drásticamente el componente informativo de la misma, a tal punto que gran parte de las instituciones sólo mencionaba estar acreditada sin hacer alusión a la cantidad de años obtenidos. Esto no es menor si se considera que de las 51 universidades acreditadas, alrededor de la mitad lo está por cuatro años o menos, por ello el Ministerio de Educación ha anunciado que enviará un proyecto de ley que reemplazará la escala de acreditación actual por un reconocimiento único de seis años, con este criterio hoy sólo ocho instituciones estarían acreditadas.
Así como la acreditación se entrega por períodos variables, las instituciones también pueden elegir las áreas en que serán evaluadas, existiendo dos obligatorias: gestión institucional y docencia de pregrado. En concordancia con lo anterior, 23 instituciones sólo lo hicieron en estas dos áreas de acreditación y únicamente nueve universidades, (todas pertenecientes al Crunch), la obtuvieron en las cinco áreas (las dos obligatorias más tres electivas: investigación, vinculación con el medio y docencia de postgrado). De hecho, resulta preocupante constatar que muchas de las universidades acreditadas únicamente en las áreas obligatorias ofrecen variados programas de postgrado pese a no haber sido certificadas en esa dimensión. Como una manera de reducir este problema, el nuevo proyecto de ley establecerá que la institución que postule a la acreditación debe certificarse de manera integral, incluyendo los programas que ofrece.
Por ahora, mientras el proceso de acreditación está bajo escrutinio, los ansiosos postulantes y sus familias deberán revisar detenidamente la información de cada institución antes de matricularse.