Convención Constitucional y cuarta revolución industrial

Eduardo Riveros Quiroz

Diego Mardones es un académico, con doctorado en astronomía de la Universidad de Harvard, profesor visitante de la Universidad de Yale; y Andrés Carey es un abogado, fundador de una empresa cuyo eje es la automatización aplicada al derecho. Ambos tienen diferencias políticas, pero los unen dos cosas: son profesionales que avanzan con la ola de la cuarta revolución industrial, y fueron candidatos a constituyentes, logrando poca votación popular, con exiguo respaldo en las urnas.

Tal vez les faltó más simpatía y carisma, sin embargo, el aporte de ellos habría sido importante, tanto por el terreno donde se desenvuelve el abogado (el mundo de la automatización), como también por el área de expertise del astrónomo, disciplina cuyo aporte fundamental está en el ámbito de los datos.

¿Que tenemos en realidad? Una Convención Constitucional que ha hecho noticia sobre todo por sus polémicas. Lo que es grave, porque casi 80 % de quienes votaron les han dado la potestad de proponer una carta magna que sea la base de nuestra convivencia. ¿Y qué tienen que ver la automatización y los datos con la nueva Constitución? "Esas máquinas no nos darán, salud, vivienda y educación", podrán decir muchos; "No, eso no sirve, el pueblo busca dignidad", afirmaría un activista político; "He hecho los negocios siempre igual", diría un empresario.

Pero el problema es que diferentes estudios mundiales -provenientes de organizaciones como Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, más universidades e íconos de la esfera intelectual-, señalan que estamos en pleno cambio de era, de cuarta revolución industrial, cuyo eje se basa en la tecnología y transformación digital, donde los impactos en la economía y en el mercado del trabajo serán radicales. Por eso, el abordaje a estos cambios está en el marco estratégico de las principales potencias del mundo, que ya se preparan para los próximos años.

Es en ese contexto revolucionario donde la nueva Constitución regirá nuestras vidas.

En el ámbito de la salud, la inteligencia artificial y los datos han apalancado la batalla contra el Covid; la robótica está ayudando a la medicina de precisión; el comercio electrónico y las redes sociales están impulsando las PYME; la tecnología está ayudando a la educación (y más profunda será los cambios con el desarrollo de la realidad aumentada y virtual generando experiencias cada día más realistas). Sin olvidar que también tenemos que observar el impacto de las impresoras 3D en la construcción de viviendas, además del poder de los datos para mejorar la toma de decisiones gubernamentales en la asignación, distribución y plataformas de control de los recursos públicos.

¿Podrá la Convención Constitucional, tal como está siendo concebida, ser el espacio de reflexión, debate, análisis y propuestas para el camino que se avecina? ¿Y podrá hacerlo en un país inserto en un mundo que estará marcado por el avance tecnológico en las próximas décadas?