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Alto contrasteCondiciones para una agencia autónoma que evalúe la pega del Estado
Simón Pinto F., abogado de Libertad y Desarrollo
Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad
A propósito de las críticas al desempeño del “Plan Calles sin Violencia” para enfrentar la crisis de seguridad y de la deficiencia en algunos programas públicos, según el monitoreo anual que llevan la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social, cobra relevancia el proyecto de ley del Gobierno que propone crear la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad. Se trata de un nuevo órgano técnico que articularía la evaluación de diseño, impacto y eficiencia de las políticas y programas que el Estado ofrece a la ciudadanía.
Una evaluación rigurosa proporcionará la evidencia necesaria para comprender los resultados y beneficios de una iniciativa en particular, que a su vez se traduce en más información a la hora de tomar decisiones políticamente complejas, como la asignación de recursos a un programa en detrimento de otro o la recomendación de su cierre, por muy popular que éste sea.
La Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad solo valdrá la pena si se transforma en un evaluador externo capaz de incomodar a la autoridad y exigir que los programas realmente tengan potencial para mejorar la vida de las personas y hagan un uso eficiente de los recursos públicos.
Los principales interesados debiesen ser el Gobierno y el Congreso. El primero, para conocer la eficacia de sus iniciativas, celebrar los logros y contar con más antecedentes para el diseño de nuevos programas o reformular aquellos cuyos resultados no han sido los esperados. El segundo, para fortalecer su rol de contrapeso en la discusión del Presupuesto nacional. Sin embargo, debemos incorporar un tercer actor, la ciudadanía. Contar con esta información fortalece la rendición de cuentas y se transforma en más herramientas que facilitan el control social respecto al actuar estatal.
Este nuevo órgano solo valdrá la pena si logra transformarse en el evaluador externo del Estado y de los gobiernos, capaz de incomodar a la autoridad y exigirle que los programas realmente tengan el potencial de mejorar la vida de las personas y hagan un uso eficiente de los recursos públicos. Es de esperarse que haya resistencia a los cambios y críticas, pero ahí radica la importancia de que tenga suficiente fuerza y autonomía. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, actual ente público evaluador que sería reemplazado por la Agencia, ha señalado que solo un tercio de sus recomendaciones de política pública han sido acogidas. Para que evitar repetir ese patrón, el diseño y la posición de la Agencia dentro del marco institucional son elementos claves.
Aunque existe cierto consenso en torno al proyecto, es necesario mejorar la fórmula propuesta para la designación de los integrantes de la Agencia. Por un lado, es fundamental que este proceso no dependa solo del Presidente de turno y, en ese sentido, incorporar al Senado podría ayudar a mantener un equilibrio. Por otro lado, es crucial convocar talentos y funcionarios especializados con alta capacidad técnica. Por ello sería sensato no someterlos a la rigidez del estatuto administrativo. Al reforzar la independencia y evitar la influencia de los ciclos políticos, se garantizará que la labor de la Agencia cuente con el respaldo necesario, esté libre de cuestionamientos y no deje lugar a dudas sobre su autonomía y objetividad a la hora de evaluar y hacer recomendaciones.
