Competitividad 2012: los efectos de La Polar y las demandas sociales

Recientemente dimos a conocer el resultado del informe de Competitividad que realiza el IMD de Suiza, con la colaboración de la Universidad de Chile. Más allá del resultado global, una caída del lugar 25 al 28 entre las 59 economías evaluadas, es interesante analizar en detalle algunos aspectos.

Resulta llamativo constatar que de las diez principales bajas, en las más de 200 variables evaluadas, tres están directamente relacionadas con el caso La Polar y se agrupan en el subfactor Prácticas de Gestión. Primero, el informe muestra un profundo deterioro en la percepción de la efectividad de la supervisión que realizan los directorios sobre la gestión de las empresas, desplomándose del lugar 3 al 39. Segundo, se observa una significativa caída en la evaluación de las prácticas contables y de auditoría que se implementan en las distintas organizaciones, pasando del lugar 11 al 45. Por último, la credibilidad de los ejecutivos también fue negativamente afectada por el escándalo, pasando del lugar 23 al 42.

Lo anterior es consistente con el debate que hoy existe respecto al rol, atribuciones y responsabilidades de los directores y su nivel de involucramiento en la gestión. Incluso, se ha indicado que la salida del presidente ejecutivo de Codelco se debería a que el directorio ejerció un rol más activo en la gestión de la empresa, lo cual no era compartido por Diego Hernández. A su vez, se ha observado un cambio significativo en el mercado de las auditorías, con clientes más exigentes y con un ente regulador más activo. Todo esto, con el objeto de evitar que fraudes como el ocurrido vuelvan a afectar no sólo a inversionistas y clientes, sino que también a la fe pública y terminen dañando la imagen y competitividad del país.

Otro aspecto que destaca en el informe de Competitividad 2012, es la caída en el sub-factor Marco Social, que está relacionado con la percepción de justicia, seguridad, estabilidad y equidad, el cual desciende de la posición 28 a la 46. En particular, se observa un aumento en el riesgo percibido de inestabilidad política pasando del lugar 3 al 17, que se debe en gran medida al descontento generalizado con los partidos políticos y su incapacidad de canalizar las múltiples demandas sociales, además del adelantamiento y fragmentación de las pre-candidaturas presidenciales. En esta línea, otro aspecto que se ve afectado negativamente es la evaluación de cuán prioritaria es la cohesión social para el gobierno. Este concepto tiene relación con el grado de inclusión e integración entre los diversos miembros que conforman la sociedad. En este sentido, la caída estaría asociada a las demandas por educación pública de calidad, ya que ella debiera generar el espacio de encuentro y conocimiento real entre personas pertenecientes a distintos segmentos.

Por último, el informe pone de manifiesto la urgencia de concordar una matriz energética sustentable y diversificada que satisfaga los requerimientos actuales y futuros.