Chile necesita ahorro, no lo castiguemos

Cecilia Cifuentes

Ciertamente, enfrentamos un escenario extremadamente complejo, en lo internacional y en lo interno. Sin duda, los desafíos en lo político e institucional superan aquellos del ámbito económico, aunque evidentemente ambos se retroalimentan. En lo económico, preocupan la inflación y la fuerte caída de la actividad; sin embargo, el desafío más importante lo tenemos a mediano plazo: necesitamos recuperar el crecimiento, ya que en caso contrario las demandas sociales no podrán nunca ser satisfechas.

Las estimaciones para el próximo quinquenio son similares al aumento de la población, se trata de un país estancado. Una condición esencial para lograrlo es la inversión, pero eso no basta, ya que aún con baja inversión, el déficit de cuenta corriente se mantiene muy elevado, lo que significa que es más importante aún recuperar el ahorro interno, que hace una década muestra una tendencia decreciente.

“Aumentar el ahorro debería ser un objetivo de política pública prioritario, pero parece que el Gobierno definitivamente cree que sólo los recursos en manos del Estado contribuyen al bien común”.

Aumentar el ahorro debería ser un objetivo de política pública absolutamente prioritario, y sin embargo, vemos que la reforma tributaria que se acaba de presentar al Congreso lo castiga fuertemente, debido a la curiosa concepción del gobierno sobre la equidad tributaria, basada en medir la carga impositiva en base a ingresos devengados del capital, en vez de los ingresos efectivamente percibidos.

Casi por definición, la capacidad de ahorro la tienen los sectores de ingresos altos (más del 80% del ahorro interno en Chile proviene de las empresas), y hasta ahora habíamos entendido que debíamos promover que esos sectores pusieran parte importante de sus ingresos en pro del desarrollo productivo, de tal forma de contribuir a mejores condiciones de vida para toda la población. ¿Y cómo lo logramos? Dando incentivos a no retirar las utilidades de las empresas. Entre 1960 y 1980 la tasa de ahorro interno promedió un 14% del PIB, subiendo a un 23% entre 1986 y 1997, en parte debido a una estructura tributaria que incentivaba el ahorro. Esos doce años fueron también los de más alto crecimiento en nuestra historia republicana.

Esa mirada se fue rompiendo con el constante aumento de la tasa de Primera Categoría, luego con la desintegración parcial, a la que se sumó el ISFUT, un incentivo tributario para retirar utilidades, que, aunque efectivo en términos de recaudación, fue reduciendo la capacidad de ahorro de la economía, y por ende, también el crecimiento potencial. La actual reforma tributaria simplemente barre con los incentivos al ahorro, no sólo con la desintegración definitiva y el cambio de régimen para los fondos de inversión privados, sino principalmente con la llamativa idea de ponerle un impuesto de 1,8% al stock de utilidades retenidas, al que se suma un nuevo incentivo tributario al retiro, equivalente al ISFUT.

Es muy preocupante, también, que ese gravamen al “diferimiento de impuestos finales” sea por lejos la medida que más recauda, cerca de US$ 2.000 millones al año. Se trata de recaudar a través de impuestos al ahorro, con un trasfondo ideológico muy cuestionable. Cuándo un empresario decide postergar consumo para que sus ingresos puedan seguir contribuyendo al desarrollo económico, ¿le debe plata al Fisco? ¿Y dicen que la reforma promueve el crecimiento?

No logro compartir la mirada económica y social que trasunta el Gobierno con esta reforma, parece que definitivamente cree que sólo los recursos en manos del Estado contribuyen al bien común. Cuando los tiene un privado, aunque los use para invertir y crear empleo, debe pagarle al Estado por el pecado de haberlos generado y mantenerlos en activos productivos. Obviamente, elegirá otros destinos para hacerlo.