Lo que hemos perdido en un año

Cecilia Cifuentes

Sin duda enfrentamos el mayor desafío de políticas públicas en décadas. Para salir adelante, hay tres condiciones absolutamente necesarias: detener la violencia, recuperar la amistad cívica y lograr un mínimo de estabilidad en las reglas del juego, trinidad que no parece fácil en la actual coyuntura. ¿Será factible que después del plebiscito logremos una salida de la crisis política que enfrentamos? Necesitamos liderazgos políticos que se unan para condenar y enfrentar la violencia, que empiecen a buscar caminos de acuerdo y que dejen de lado los planteamientos revolucionarios que buscan refundar el país desde cero.

Un buen punto de partida para ese camino común es tener conciencia de la situación de Chile, y para eso las cifras económicas resultan muy ilustrativas. En estos días, como ocurre normalmente en octubre, el FMI publicó su informe de proyecciones de corto y mediano plazo, que permite cotejar lo que ha ocurrido con las estimaciones para el PIB chileno entre octubre de 2019, previo al estallido, y ahora. La comparación es dramática: para el quinquenio 2019-2024 las crisis política y sanitaria han significado menores ingresos por US$ 240 mil millones.

¿Qué significa esa cifra en términos de la situación de los hogares? Si usamos los datos de distribución del ingreso de CASEN, un hogar del quinto decil (la mitad de la distribución) habría dejado de recibir alrededor de $22 millones, sin que exista política social que sea capaz de entregar esos montos a las familias. Por supuesto, si el crecimiento no se recupera, esas pérdidas se multiplicarán en el tiempo. Pero el daño no se limita al menor PIB estimado, ya que se debe agregar el mayor endeudamiento público, que para ese quinquenio el FMI estima en US$ 105 mil millones. En definitiva, en sólo cinco años seremos más pobres en US$ 345 mil millones.

Por supuesto que producto del coronavirus la mayoría de los países se ha empobrecido, pero lo que preocupa es que para Chile los daños son de carácter permanente, ya que el país no logra recuperar durante el período de estimación lo que se consideraba su crecimiento de tendencia, algo superior a 3%, y mayor aún si retrocedemos un par de años en las estimaciones.

Se suele plantear que una de las causas principales de la crisis política que enfrentamos son las demandas sociales insatisfechas de la población. Pues bien, no existe ninguna posibilidad de satisfacer esas demandas si el país no vuelve a crecer a un ritmo superior a 3%, y tampoco es posible que se logre ese crecimiento en un clima de violencia, inseguridad pública y polarización política. Si posterior al plebiscito se lograran atenuar esos graves problemas, sería necesario luego frenar las expectativas de que esas aspiraciones sociales postergadas se resuelvan a través de una nueva Constitución.

En este ámbito, lo que podemos pedir al principal ordenamiento jurídico es que asegure las condiciones institucionales para que el desarrollo económico sea factible, y no, como pareciera desprenderse de algunos discursos, que serán las disposiciones constitucionales las que resolverán esas demandas. Como muy bien dijo el economista venezolano Ricardo Hausmann en este medio: “Puedo garantizar de que es posible destruir a un país con una Constitución equivocada. No sé si es posible crear una maravilla de país solamente con cambios constitucionales”. Es de esperar que el riesgo que señala sea muy tomado en cuenta en lo que viene, si no la frustración sólo seguirá creciendo.