Infraestructura del futuro: los jóvenes tienen la palabra

Carlos Cruz

Como CPI hemos sostenido siempre que las políticas públicas de infraestructura deben proyectarse en el largo plazo y que poco avanzaremos en esta área mientras cada gobierno aplique su propia orientación y prioridades en este campo sin esa mirada.

Un proyecto de infraestructura puede tardar entre seis y 12 años desde que es concebido hasta que comienza a prestar servicios; es decir, entre uno y medio a tres períodos de gobierno. Por esta razón, el cambio de prioridades de un período a otro tiene altos costos para el país.

Una metodología de asignación de recursos públicos a través de una evaluación social de proyectos rigurosa -que identifique costos y beneficios sociales de un proyecto- es útil para decidir si este es un aporte. Si aún así se decide no hacerlo o postergarlo, este aporte se pierde, con las implicancias que ello tiene.

En este escenario, quienes tienen una voz relevante en la definición de los criterios con los que deberían identificarse los proyectos de infraestructura que irán tejiendo el entramado de oportunidades que el país requiere para asegurar su desarrollo futuro, son quienes se beneficiarán de estas iniciativas de aquí a 15 o 30 años. Son los jóvenes de hoy, en efecto, quienes deben reflexionar sobre las inversiones que el país requiere para alcanzar las metas de desarrollo a que aspiran.

Es porque nos parece fundamental incorporar su visión en las decisiones que se tomen ahora respecto de políticas de infraestructura, asignación de recursos y opciones de inversión, en 2020 convocamos a un Taller de Jóvenes para conversar acerca de infraestructura. La selección de los participantes fue aleatoria, a partir de ciertos criterios etarios, profesionales y vocacionales. El resultado, expresado en la publicación “Miradas que Construyen Futuro” (ver www.infraestructurapublica.cl) fue una gran experiencia. Es importante destacar las normas autoimpuestas por el grupo para llegar a acuerdos, sin asumir ningún tipo de representatividad, sino constituir una experiencia “semilla” que puede originar una nueva forma de consensos para construir un Chile mejor. Además, debe relevarse la profundidad del grupo para definir los requisitos que debiera tener una política pública en esta actividad. Sin perder nunca el sentido de realidad, su opción de poner al centro de las decisiones en materias de infraestructura a las personas y regiones, la sustentabilidad ambiental, inclusión y transparencia en las decisiones debiera convocarnos a mirar lo que se está pensando promover desde las diferentes instancias dedicadas a identificar, diseñar y proponer en esta disciplina.

La infraestructura contribuye a una mayor equidad en la medida en que se utilice como opción para superar brechas acumuladas en el país por mucho tiempo; es una vía para avanzar en la integración del territorio y alcanzar mayor productividad, si es que aprovechamos las disponibilidades tecnológicas para optimizar el uso de lo que tenemos en capital fijo y adecuamos marginalmente la oferta de sus servicios para superar cuellos de botella.

Si optamos por esta vía, poniendo en el centro a las personas y al medio ambiente, y damos certeza de probidad en la forma en que se asignan los recursos, no sólo aportaremos a un país mejor en concordancia con lo que nuestros jóvenes esperan, sino que estaremos contribuyendo a recuperar la confianza en las políticas públicas, que tanta falta hace.