Infraestructura como estímulo a la inversión

Carlos Cruz

La discusión sobre las razones que han puesto límite a las tasas de crecimiento del país continúa entre los economistas. La incidencia de las condiciones externas es, para algunos, la explicación más contundente; para otros, es la demora en lograr acuerdos para “corregir” las reformas hechas en el gobierno anterior. El crecimiento está íntimamente asociado al nivel de inversión, lo que a su vez se relaciona con las oportunidades de negocios que vislumbren los empresarios. Así, tanto el contexto externo, como un entorno propicio para materializar dichas oportunidades, son condiciones fundamentales.

En efecto, en un país exportador como el nuestro, mientras más favorables sean los precios externos y las oportunidades de comercio, mayor será el impulso para la inversión. Lo mismo sucede con la tasa de retorno: mientras más alta, mayores los recursos a invertir. En ese sentido, la labor anticipatoria que deben hacer los gobiernos para ampliar las oportunidades de negocios en el exterior y mejorar las condiciones de retornos para la inversión es consistente con una política de crecimiento sostenido.

Hay otros caminos para estimular la inversión, que pasan por crear condiciones productivas que el sector privado difícilmente puede generar por sí mismo. Por ejemplo, hace años que se discute sobre el cambio climático y su impacto en una menor disponibilidad de agua en el país. Previendo esto, era esperable que el Estado hubiera estimulado las inversiones para evitar –o al menos reducir- el impacto de la escasez de agua, tanto para el consumo humano, como para el desarrollo de dos actividades productivas fundamentales para Chile: la agricultura y la industria forestal. Estas, al no tener la composición de capital de la minería, requieren del Estado para resolver estratégicamente la disponibilidad de agua que necesitan para prosperar. Sin embargo, poco se ha hecho y nos vemos enfrentados a una potencial disminución de las superficies cultivadas y forestadas por la carencia de este recurso.

Algo similar sucede con los costos de nuestra cadena logística, que hoy representan cerca del 18% del valor del producto exportado, doblando el 9% de los países de la OCDE. Sería lógico suponer que otra forma de estimular la inversión es apoyar las actividades productivas bajando los costos de traslado de sus productos. Para enfrentar esta tarea se vienen haciendo propuestas desde hace años, incluyendo el aumento de la capacidad de las carreteras para evitar las crecientes tasas de congestión, y la ampliación de la importancia del ferrocarril en el transporte de carga.

Lo mismo ocurre con las sugerencias hechas por las concesionarias de autopistas de ampliar las carreteras bajo su administración para mejorar su nivel de prestaciones. Recién este año se ha accedido a algunas de esas ampliaciones –como el acuerdo de Hacienda con MOP para promover inversiones cercanas a US$ mil millones- decisión tomada más bien para dar un impulso de corto plazo a la inversión, que a partir de la visión estructural de una estrategia de desarrollo.

Por alguna razón, la infraestructura suele ir detrás del desarrollo, cuando debiera ser un estímulo para impulsar nuevas y mayores inversiones de parte del sector privado. Tal como se requiere un entorno tributario atractivo y condiciones externas para estimular la inversión, revertir este comportamiento es una condición para asegurar un desarrollo estable en una perspectiva de largo plazo.