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Alto contrasteBalance 2011 en libre competencia: reflexiones de un año movido
A la hora de los balances sobre la actuación de las autoridades de libre competencia...
A la hora de los balances sobre la actuación de las autoridades de libre competencia, es natural relacionarlos a los casos que mayor impacto público han provocado. Esto es inevitable porque la política de competencia se hace conocida para la gran mayoría de los ciudadanos, cuando surgen aquellos asuntos que inciden en mercados sensibles para sus necesidades. Fuera de estos asuntos de alta relevancia pública, la actividad de los organismos encargados de aplicar la ley pasa de manera más bien desapercibida para la gran mayoría de la población, lo que no quiere decir que sea intrascendente para el desarrollo económico de un país, sino todo lo contrario.
En nuestro país, el año 2011, qué duda cabe, va a ser recordado por tres hechos sustanciales: en primer término, por la aprobación, con una serie de condiciones, que dio el TDLC a la mega fusión de las empresas LAN y TAM; en segundo lugar, por el requerimiento por colusión presentado por la FNE ante el TDLC en contra de empresas del sector avícola; y, finalmente, por la diligencia de incautación de una serie de documentos practicada por la FNE en las oficinas de las cuatro grandes cadenas de supermercados del país. Se trata, sin duda alguna, de decisiones tremendamente importantes y fuertes que generaron y generan altísimas repercusiones mediáticas.
Sin embargo, el año que pasó fue bastante pródigo en la adopción de una serie de medidas que han buscado fortalecer la promoción y defensa de la libre competencia en Chile. Vamos por parte.
En cuanto al TDLC, durante el año 2011, entre otras actuaciones, dictó nueve sentencias en procedimientos contenciosos, destacando aquellas que resolvieron los litigios originados por los requerimientos de la FNE en contra de concesionarias de radiodifusión, de operadores turísticos, de Chiletabacos y del controlador de VTR; seis resoluciones en materias no contenciosas, destacando la ya mencionada sobre la fusión de LAN y TAM; y dos proposiciones sobre modificaciones legales o reglamentarias, una de las cuales -la relativa al Régimen de Acceso a los Recursos Pesqueros- debería tener un indudable impacto en la discusión que actualmente se desarrolla.
Por otra parte, la Corte Suprema resolvió ocho recursos de reclamación interpuestos en contra de sentencias dictadas por el TDLC, en dos de los cuales -Puerto Terrestre Los Andes y Operadores Móviles Virtuales- revocó lo resuelto por dicho tribunal. En este orden de consideraciones, la FNE interpuso siete requerimientos por conductas contrarias a la libre competencia, destacando el ya citado en el mercado avícola, además de aquellos contra Embotelladora Andina y Coca Cola por abuso de posición dominante, y en contra de diversas empresas de transporte por colusión; además de haber utilizado exitosamente las nuevas facultades de persecución que le otorga la ley.
Los particulares, en tanto, también pusieron en movimiento la función jurisdiccional del TDLC en siete ocasiones. Se presentaron seis consultas al tribunal, destacando la que autorizó la fusión entre LAN y TAM y la pendiente sobre la adquisición de Supermercados del Sur por parte de SMU.
En fin, se podrían seguir enumerando actividades, actuaciones y decisiones, pero lo que quiero resaltar es que se ha hecho un trabajo enorme más allá de los casos más bullados. El paso que sigue es evaluar si todo este esfuerzo produce resultados concretos en el bienestar social, tal cual están tratando de hacerlo las agencias de libre competencia más desarrolladas, como la Federal Trade Commission de Estados Unidos, que en 2009 definió que su misión se focalizaría en medir resultados más que productos.
Intuitivamente se tiende a pensar que todas estas actividades, actuaciones y decisiones deberían influir en los precios, cantidades y calidades de los bienes y servicios que consumimos, pero falta desarrollar las metodologías necesarias para poder determinarlo de manera más precisa. Este es el gran desafío de las autoridades de la libre competencia y Chile no es la excepción.
